El Gobierno busca oxígeno electoral desmantelando controles clave sobre operaciones financieras y de consumo. La medida genera alarma entre especialistas y economistas.

En una maniobra de urgencia que apunta a sostener la economía hasta octubre sin intervención directa en el mercado cambiario, el Gobierno de Javier Milei anunció el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", una medida que, detrás del título grandilocuente, busca reactivar la circulación de dólares y pesos fuera del sistema financiero. El mecanismo elegido: desmantelar los sistemas de control e información de ARCA —el organismo que reemplazó a la AFIP— sobre compras, transferencias, servicios, consumos e inmuebles. El objetivo: tentar a los ahorristas a blanquear dinero sin temor a consecuencias legales.

El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, que apeló a la consigna “Tus dólares, tu decisión” para justificar la flexibilización. Luego tomaron la palabra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el titular de ARCA, Juan Pazo, quienes detallaron las medidas. Entre ellas, la eliminación del COTI para operaciones inmobiliarias, del CITI para escribanos, de los reportes por consumos con tarjetas y servicios públicos, y del régimen informativo de compra-venta de vehículos usados. También se incrementaron los montos mínimos a partir de los cuales bancos, billeteras y comercios debían reportar operaciones: de 1 millón a 50 millones de pesos para personas físicas.

La primera reacción del mercado fue tibia. Ni los bonos ni las acciones reaccionaron con entusiasmo y el dólar mantuvo su cotización. En la City, las dudas abundan: muchos economistas advierten que las nuevas medidas no lograrán atraer dólares en negro cuando aún está fresco el recuerdo del blanqueo anterior, que recaudó 20 mil millones de dólares sin lograr frenar la corrida.

Pero el aspecto más crítico del anuncio es el legal. Para blindar judicialmente a quienes ingresen dinero informal, el Gobierno prepara proyectos de ley que buscan derogar las principales normas penales económicas. El problema es que el nuevo régimen rige desde el 1 de junio por resolución, mientras que la ley aún no existe. “¿Cómo garantizarán impunidad retroactiva en menos de diez días?”, se preguntan abogados y contadores.

La medida representa un peligroso incentivo a la informalidad. Lejos de estimular el ahorro productivo o canalizar inversión, habilita una puerta para el ingreso de dinero de dudoso origen sin mecanismos de fiscalización. Como ocurrió con el blanqueo, la preocupación no está solo en cuánto pueda ingresar, sino en cuánto de ese capital quedará en el circuito formal y cuánto se evaporará nuevamente sin dejar rastro.