La administración libertaria avanza con nuevos recortes: reduce personal, degrada áreas sensibles y profundiza la ofensiva contra la memoria colectiva y el acceso igualitario a la cultura.

La gestión nacional continúa su plan de ajuste con el anuncio de una batería de medidas que implican una reestructuración drástica en áreas clave del Estado. La Secretaría de Cultura será desmantelada en distintos frentes, y la Secretaría de Derechos Humanos perderá su rango ministerial para convertirse en Subsecretaría, con un recorte del 40% en su estructura y la reducción del 30% de su planta de trabajadores y trabajadoras. Las medidas fueron comunicadas por el vocero oficial en conferencia de prensa, donde además se ratificó la eliminación de institutos nacionales dedicados a la construcción de memoria histórica.

Según la versión oficial, organismos como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Yrigoyeneano y el Instituto Eva Perón serán fusionados o cerrados por considerarse “sobredimensionados” o “partidarios”. Esta narrativa, que apela a la supuesta eficiencia administrativa, encubre una ofensiva directa contra espacios que representan la pluralidad cultural y el reconocimiento de las luchas populares en la historia argentina. El vaciamiento se justifica con cifras de ahorro presupuestario y promesas de “modernización”, mientras se naturaliza el despido de trabajadoras y trabajadores del sector público.

El vaciamiento también alcanza al campo de los derechos humanos. La degradación institucional de su Secretaría marca un retroceso simbólico y material: es la primera vez desde el regreso democrático que se reduce a rango de Subsecretaría, en paralelo al desfinanciamiento de políticas de memoria, verdad y justicia. Se trata de una señal contundente en el marco de un modelo que reniega del consenso democrático construido tras la dictadura.

En el mismo paquete de anuncios, se informó la quita de subsidios a usuarios residenciales de altos ingresos, una auditoría internacional para el proceso licitatorio de la hidrovía Paraguay-Paraná y una baja en la tasa de homicidios, celebrada por el oficialismo como logro de la actual conducción del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, estas cifras conviven con una creciente represión a la protesta social y un clima de confrontación permanente con el movimiento popular.

La autodenominada “transformación” del Estado es, en los hechos, un plan de destrucción sistemática de los pilares que sostienen la democracia participativa, la soberanía cultural y los derechos adquiridos. Frente a este escenario, las organizaciones sociales, culturales y de derechos humanos denuncian un intento deliberado de silenciar voces, disciplinar identidades y borrar del mapa estatal toda huella de justicia social.