El DNU 340/2025 impone un mínimo operativo de hasta el 75% en sectores estratégicos, violando derechos constitucionales y consolidando la precarización bajo un gobierno que apunta a desmantelar conquistas históricas.

El gobierno de Javier Milei intensificó su embestida contra el movimiento obrero con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que endurece las condiciones para la realización de medidas de fuerza en sectores considerados “estratégicos”. La norma obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de funcionamiento durante las huelgas, en un intento evidente de limitar el derecho constitucional al paro, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Esta avanzada no debe entenderse como un mero ajuste técnico, sino como parte de un plan político que busca desarticular la capacidad de organización y protesta de los trabajadores y trabajadoras. La ampliación del concepto de “servicios esenciales” y “actividades de importancia trascendental” es la excusa utilizada para imponer un piso operativo que, en los hechos, minimiza la efectividad de las huelgas y somete la protesta social a los intereses del capital y los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional.

La historia argentina está atravesada por luchas sindicales que han sido motor de transformación social y garantía de derechos básicos. La decisión de Milei representa una regresión inédita en este proceso, que no sólo pone en jaque la democracia sindical, sino que también amenaza la estabilidad de miles de trabajadores en sectores estratégicos.

Desde los sindicatos, la medida fue rechazada con dureza. Se advierte que este DNU profundiza un patrón sistemático de ataques a los derechos laborales, que se suma a la liberalización indiscriminada de importaciones, la precarización y la pérdida de soberanía económica y política. La ofensiva se inscribe en una agenda neoliberal que privilegia el ajuste y la entrega, sobre las condiciones dignas de vida y trabajo.

En un país donde el derecho a huelga es piedra angular de la justicia social y el equilibrio de poderes, imponer estas restricciones por decreto de necesidad y urgencia es una maniobra autoritaria que desoye la participación democrática y vulnera derechos consagrados.

El Gobierno pretende garantizar la continuidad de “servicios vitales”, pero lo que en realidad está haciendo es avanzar sobre la capacidad de los trabajadores para defender sus conquistas, para defender sus condiciones laborales, y para resistir la ofensiva de un modelo que precariza y excluye.