El reclamo sindical se extendió a casi todos los gremios de la provincia contra la eliminación de aranceles para productos electrónicos importados, una medida que amenaza la industria local y pone en riesgo más de 6000 empleos.

Este miércoles, Tierra del Fuego amaneció paralizada por un paro general que unificó a casi todos los sindicatos de la provincia, en respuesta directa a la reciente decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar aranceles e impuestos internos para la importación de celulares, televisores y aires acondicionados. La medida, publicada en el Boletín Oficial esta semana, busca abaratar la llegada de estos productos, pero pone en jaque la producción local que concentra más del 87% de la fabricación nacional en empresas como Newsan y Mirgor.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (ASIMRA) alertaron que esta flexibilización amenaza la continuidad de al menos 6000 puestos de trabajo en las plantas de Ushuaia y Río Grande, donde en 2024 se ensamblaron más de 5,5 millones de celulares, más de 2 millones de televisores y alrededor de un millón de aires acondicionados.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, fue contundente: “Están desmantelando un régimen que fue clave para el desarrollo industrial de la provincia”. La senadora nacional Cristina López coincidió, señalando que las medidas “responden más a exigencias del FMI que a las necesidades reales de Argentina”.

Además de la UOM y ASIMRA, la protesta fue acompañada por sindicatos como ATE, ATSA, Judiciales, La Bancaria, trabajadores del transporte y docentes. Solo el gremio de Petroleros permaneció fuera de la medida debido a una conciliación obligatoria.

El paro tuvo un acto central frente a la planta de Mirgor en Río Grande, donde se leyó un documento crítico hacia el Gobierno y se convocó a todas las fuerzas sociales y políticas a sumarse a la defensa del empleo y la industria nacional.

Por su parte, el gobernador Gustavo Melella expresó preocupación por la situación y afirmó que “el compromiso de la provincia es acompañar y contener a los trabajadores, porque está en riesgo no solo la producción, sino el sustento de miles de familias”.

El Gobierno argumenta que la reducción de aranceles permitirá que la tecnología sea más accesible para los consumidores. Sin embargo, desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) sostienen que esta política favorece a los productos extranjeros en detrimento del ecosistema industrial local, comprometiendo la viabilidad del régimen fueguino.