Mientras el gobierno especula con los dólares del campo, el norte bonaerense se hunde por falta de obras.

El agua no cae: arrasa. En Salto, Carmen de Areco, Chacabuco y Junín no llovió, directamente se inundaron. Más de 400 milímetros en 48 horas dejaron bajo el agua miles de hectáreas listas para cosechar, caminos de tierra convertidos en ríos, pueblos aislados y familias evacuadas. En los campos, lo que iba a ser una campaña histórica de soja y maíz ahora es barro y desolación. En los pueblos, el recuerdo de otras inundaciones se mezcla con la bronca actual: esta vez no fue la naturaleza sola. Fue la ausencia deliberada del Estado.

El impacto en la economía es inminente. Más de 500 mil hectáreas de soja y 120 mil de maíz estaban todavía sin levantar. La mayoría quedará en el agua. Los silo bolsas, enterrados en barro, empiezan a pudrirse sin posibilidad de rescate. Y lo que sobrevive no puede salir: los caminos rurales están intransitables. El campo, que había apostado todo a una cosecha récord después de años de sequía, se encuentra atrapado por su propio peso. Y en el Gobierno, que esperaba ansioso los dólares de esa producción para sostener las reservas del Banco Central, nadie se hace cargo.

Las entidades rurales levantaron la voz. Lo hicieron incluso aquellas que hace poco vitoreaban las cadenas de la motosierra. Desde Rosario, Soledad Aramendi fue clara: sin infraestructura, no hay previsión ni producción posible. En Carlos Casares, Andrea Passerini puso en cifras el desastre: 300 milímetros en febrero, 100 más en marzo, y ahora esta catástrofe. “Se podría haber evitado”, dijo, y apuntó donde todos apuntan: al Estado nacional, que paralizó el Plan Maestro Cuenca del Salado cuando solo faltaban 30 kilómetros de canal para que el agua escurriera y no quedara estancada sobre las cosechas.

Lo que más indigna al interior productivo no es solo el abandono, sino la burla. El gobierno de Javier Milei mantuvo el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, un impuesto sobre combustibles que todos los días paga el campo. Pero las obras no están. Se sostiene el tributo, se suprime la inversión. El ajuste cero es solo para los pueblos, para las rutas, para los canales. No para la recaudación.

La postal del norte bonaerense duele: es barro, es agua, es abandono. Las rutas de tierra se parten en dos, las cosechas se pierden a la vista, y lo que queda de producción no puede salir. Los productores ven hundirse en el agua el trabajo de un año. Las familias se resguardan como pueden. El Estado no llega, porque eligió no llegar.

Y mientras las máquinas quedan varadas y las hectáreas se pudren, el relato oficial espera los dólares del campo como si fueran maná. Pero el campo ya avisó: sin obras, no hay cosecha. Sin infraestructura, no hay milagro.