Treinta y tres millones de pesos destinados a programas sociales con perspectiva de género fueron eliminados sin evaluación ni diálogo, dejando sin cobertura a miles de personas que dependían de estos apoyos esenciales.

En un gesto que desnuda la falta de compromiso con los derechos sociales, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei decidió eliminar 13 programas fundamentales destinados a garantizar el acceso a derechos básicos de mujeres, diversidades y comunidades vulnerables. Entre ellos se encuentran iniciativas para la distribución de productos de gestión menstrual, formación comunitaria con perspectiva de género y asistencia urgente ante violencias extremas. La medida fue anunciada sin informes previos ni consultas a las organizaciones involucradas, generando una fuerte reacción de rechazo de sectores sociales y políticos.

Los programas eliminados cubrían áreas sensibles como la inclusión de personas trans, el fortalecimiento de organizaciones sociales que luchan por la igualdad, y redes territoriales de cuidado en barrios populares. Estas políticas, lejos de ser “privilegios” como intentan presentar desde el oficialismo, constituían derechos básicos para miles de argentinos y argentinas. La abrupta decisión provoca además un retroceso en las conquistas sociales que se habían logrado en la última década.

En conferencia de prensa, el funcionario Adorni se rió ante las preguntas sobre los recortes, mientras el propio Milei celebraba públicamente la reducción del gasto en estos programas, en un claro gesto de desprecio hacia quienes más necesitan el apoyo estatal. La eliminación de estas iniciativas profundiza la desigualdad y deja en la vulnerabilidad a sectores históricamente marginados.

Organizaciones sociales y políticas ya anunciaron movilizaciones para exigir la restitución inmediata de estos programas y una revisión integral de las políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos. La crisis social y económica que atraviesa el país demanda justamente lo contrario: inversión, protección y ampliación de derechos, no su eliminación.

Este ataque a los derechos sociales abre una grieta aún más profunda en la sociedad argentina y confirma el rumbo regresivo del gobierno de Milei, que prioriza la austeridad fiscal por encima de la justicia social.