El informe de la CIDH señaló retrocesos alarmantes en la Argentina de Milei. El desguace estatal, la represión a la protesta y el vaciamiento de las políticas de género, entre las principales preocupaciones.

No hizo falta esperar años para que el experimento libertario encendiera alarmas fuera del país. En su informe anual 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la velocidad y la profundidad de los retrocesos que se registran en Argentina desde la asunción de Javier Milei. El organismo expresó “profunda preocupación” por el impacto humano del ajuste económico, el cierre de instituciones públicas, la represión violenta de protestas sociales y la eliminación de programas clave en áreas sensibles como salud, educación, género, discapacidad y derechos humanos. El documento pone el foco en el desmantelamiento deliberado del entramado estatal que garantizaba derechos básicos y cuestiona con dureza el discurso estigmatizante que emana desde la cúpula del gobierno.

La CIDH advirtió que el recorte generalizado de fondos y el cierre de organismos se hizo sin un sistema de evaluación que garantice la protección de sectores vulnerables. El cierre del INADI, la eliminación del Ministerio de Mujeres y el congelamiento de fondos para comedores comunitarios se mencionan como hechos concretos que afectan de manera directa a miles de personas. En el mismo sentido, el informe marca con preocupación el debilitamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, la paralización de los dispositivos de acompañamiento y la falta de interlocutores estatales para los organismos de monitoreo internacional.

En cuanto a las libertades democráticas, el organismo regional criticó el uso desproporcionado de la fuerza durante las movilizaciones sociales, y la criminalización de quienes se oponen al rumbo del gobierno. “El Estado debe abstenerse de enviar mensajes que estigmaticen a quienes ejercen el derecho a la protesta o la libertad de expresión”, señala el informe, en una referencia directa a las amenazas, burlas y ataques proferidos desde cuentas oficiales del Ejecutivo nacional.

Aunque reconoce que los juicios por delitos de lesa humanidad no fueron interrumpidos, el documento advierte un “claro vaciamiento institucional” en las áreas de memoria, verdad y justicia. La CIDH expresa su inquietud ante la eliminación o reducción de presupuesto de espacios de memoria, archivos históricos y políticas educativas vinculadas al Nunca Más. También se subraya la pérdida de interlocución por parte de los organismos de derechos humanos, que no han sido convocados a ninguna instancia institucional desde diciembre de 2023.

Este informe, que será remitido a todos los países miembros de la OEA, pone en evidencia que lo que se discute no es solo economía. En un año y cinco meses de gestión, el gobierno de La Libertad Avanza logró que organismos internacionales reconozcan un retroceso democrático en Argentina. Y esa advertencia, aunque moleste a Milei y sus seguidores, no surge de un “relato militante”: está escrita en documentos oficiales, firmada por expertos, y avalada por la experiencia de las víctimas.