El presidente denunció penalmente a tres periodistas por criticarlo. Las acusaciones son un intento burdo de censura. Desde ADN Populares expresamos nuestra solidaridad con Ari Lijalad y todos los trabajadores de prensa perseguidos.

El gobierno nacional cruzó otro límite. Javier Milei denunció penalmente a los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad por supuestas “calumnias e injurias” a raíz de críticas públicas y comparaciones históricas vinculadas a su figura. Las causas recayeron en juzgados federales y se basan en la absurda pretensión de que ejercer el periodismo equivale a cometer un delito. El presidente de la Nación, en lugar de gobernar, utiliza el aparato del Estado para perseguir a quienes lo interpelan. Se trata de una maniobra de intimidación que, aunque jurídicamente insostenible, busca instalar miedo y disciplinamiento en todo el sistema de medios.

Los hechos no son aislados ni sorprendentes. En sus apariciones públicas, Milei ha tildado a los periodistas de “prostitutas de los políticos”, ha fantaseado con “meterlos presos por decreto” y ha sostenido que “cobran para hacer lo que los políticos no se animan”. No es solo una expresión de odio. Es una línea de gobierno que busca deslegitimar la tarea periodística e instalar un régimen de verdad única, en el que cualquier mirada crítica sea tratada como una amenaza.

Las denuncias no tienen sustento legal. Desde 2009, los delitos de calumnias e injurias fueron despenalizados para proteger la libertad de expresión, en especial cuando se trata de figuras públicas. Esa reforma —impulsada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner— fue un avance democrático que hoy Milei intenta revertir por vía de los hechos, violando principios básicos del sistema republicano. La acusación contra Ari Lijalad es especialmente grave: no solo es infundada, sino que se enmarca en una escalada sistemática contra periodistas independientes y comprometidos.

Mientras el presidente se victimiza y busca blindarse con denuncias judiciales, el mensaje es claro: quien hable de más, va a pagar el precio. La banalización del Holocausto, el uso del nazismo como comparación política o la referencia a Hitler en contextos históricos no constituyen delitos. Constituyen debates incómodos, necesarios, y parte del derecho a pensar, criticar y contar la verdad.

Desde ADN Populares expresamos nuestra más profunda solidaridad con Ari Lijalad y con todos los trabajadores de prensa hostigados por este gobierno. No se puede naturalizar la persecución ideológica. No se puede callar la verdad con amenazas. Y no vamos a dejar de señalar cada atropello. Porque no hay libertad posible sin libertad de prensa.