Un informe del CEPA expone el brutal recorte sobre organismos estratégicos, empresas estatales y políticas sociales clave. La motosierra avanza sobre derechos laborales y soberanía nacional.

Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei desplegó un plan sistemático de destrucción del Estado. Bajo el discurso del “achique”, su política económica no solo eliminó programas sociales y funciones de control público, sino que avanzó con despidos masivos que afectan directamente a la vida de miles de familias argentinas.

Según un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 48.892 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional. Esta cifra representa una caída del 14,2% de la planta estatal, con un impacto devastador sobre sectores clave para el desarrollo, la inclusión y la soberanía del país.

La motosierra no discrimina: los despidos alcanzan empresas públicas estratégicas como el Correo Argentino (-4.787), Aerolíneas Argentinas (-1.633), AySA (-1.515), y la ex Télam (-643). También fueron desmantelados organismos científicos y tecnológicos fundamentales para el país, como el CONICET (-1.519), el INTI (-727), y el ENACOM (-754). A esto se suma el recorte sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (-453) y hospitales públicos como el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Laura Bonaparte, ambos con una pérdida de casi el 40% de su personal.

El caso de Télam es emblemático: sufrió un vaciamiento del 80% de su planta laboral, evidenciando el ataque directo a los medios públicos, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Detrás del relato de eficiencia, Milei esconde un proyecto de privatización, concentración económica y exclusión social. El Banco Nación perdió 1.347 trabajadores en un contexto donde el Ejecutivo busca entregarlo al capital privado. El sistema ferroviario nacional también fue desmantelado, con recortes en la Operadora Ferroviaria (-1.756) y Belgrano Cargas (-317), retrocediendo décadas en soberanía logística.

El CEPA también advierte sobre el desmantelamiento de empresas de tecnología, infraestructura y contenidos educativos. Entre ellas, el Polo Tecnológico Constituyentes, Educar SA, Contenidos Públicos y la Administración General de Puertos.

El ajuste no solo destruye empleo: erosiona derechos, debilita la presencia del Estado y abandona a millones de argentinas y argentinos que dependen de estas políticas para acceder a la salud, la educación, la cultura o la ciencia.

Milei gobierna con una motosierra que no distingue entre gasto y derechos. Este brutal ajuste es el rostro más crudo de su ideología: un proyecto de país para pocos, a costa del hambre, el desempleo y el abandono de las mayorías.