Desde Casa Rosada, Manuel Adorni acusó falsamente a uno de los medios populares más activos del país. El ataque, sin pruebas ni sustento legal, se inscribe en una avanzada más amplia contra el periodismo autogestivo y los sitios de memoria.

En otro capítulo del hostigamiento oficial a la prensa que no responde a los lineamientos del Gobierno nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni arremetió este lunes contra El Grito del Sur, medio cooperativo que funciona desde hace siete años en el Espacio para la Memoria Virrey Cevallos, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante su habitual conferencia matinal, Adorni calificó de “ocupación ilegal” la presencia del medio en el sitio y lanzó acusaciones infundadas sobre el uso de recursos públicos.

Lejos de lo que afirma el funcionario, El Grito del Sur no solo cuenta con un convenio firmado durante el gobierno de Mauricio Macri —cuando la Secretaría de Derechos Humanos estaba a cargo de Claudio Avruj—, sino que además reacondicionó el espacio con fondos propios, tras encontrarlo en estado de abandono. Desde entonces, el medio sostiene la redacción con su trabajo cotidiano y paga servicios como internet sin aportes estatales. La única infraestructura compartida con el Espacio es el suministro eléctrico.

El ataque no parece casual. Se da a pocos días del desmantelamiento total del equipo de trabajadores del Espacio Virrey Cevallos, que funciona en el edificio donde durante la última dictadura operó un centro clandestino de detención. Al acusar a El Grito del Sur, el Gobierno apunta también a deslegitimar la función de los sitios de memoria y a desacreditar la articulación entre el periodismo popular y las políticas de derechos humanos.

Adorni fue más allá: dijo que el medio era “sostenido con fondos públicos para militar una editorial kirchnerista” y denunció sin pruebas el pago de cifras exorbitantes en sueldos. La realidad es que la cooperativa está integrada por ocho trabajadores de prensa que sobreviven, como tantos, con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin relación laboral con el Estado.

La avanzada contra El Grito del Sur no es un hecho aislado. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, múltiples medios populares, comunitarios y autogestivos vienen siendo asfixiados mediante el recorte de programas de fomento, la eliminación de fondos concursables y la criminalización de la comunicación disidente.

Pero, a pesar del hostigamiento, desde el medio sostienen su compromiso con el trabajo cotidiano. “No nos van a callar”, afirman. Y al hacerlo, recuerdan que el periodismo, cuando se ejerce con dignidad, también es memoria activa y resistencia.