Un fotógrafo fue intimidado por el asesor más poderoso del presidente. El gobierno guarda silencio. La señal es clara: el periodismo libre está en la mira.

Un asesor presidencial sin cargo oficial, pero con poder real, fotografiando la credencial de un reportero gráfico como si fuera un prontuario. Un gesto calculado, en plena vía pública, frente a testigos. Eso hizo Santiago Caputo el martes por la noche durante el debate de candidatos porteños en el Canal de la Ciudad. Un acto intimidatorio hacia Antonio Becerra, trabajador de prensa de Tiempo Argentino, que no puede ni debe minimizarse. No es un exabrupto. Es una advertencia.

Desde ADN Populares expresamos nuestra solidaridad con Becerra y nuestro más enérgico repudio a este tipo de agresiones, que buscan disciplinar al periodismo crítico. El episodio no es aislado ni casual. Forma parte de un clima de hostilidad creciente hacia la prensa por parte del gobierno nacional, en especial de su círculo más cercano.

Santiago Caputo no tiene una designación oficial en el Estado, pero su influencia en el gobierno es concreta y evidente. Es el principal asesor político del Presidente, el hombre de mayor cercanía con Karina Milei y quien coordina decisiones clave en materia de comunicación, estrategia y vínculos con los organismos de inteligencia y recaudación. Todo esto, sin responsabilidad formal ni control institucional. Su rol excede largamente al de un simple consejero: es parte de un núcleo de poder opaco, que busca disciplinar el disenso y condicionar el trabajo periodístico.

El hecho de que haya intervenido directamente para amedrentar a un reportero gráfico —que solo cumplía con su labor profesional— revela una concepción autoritaria del ejercicio del poder. No se trata de una reacción personal: se trata de un modelo de gobierno que considera al periodismo un obstáculo, no un pilar de la democracia.

No es la primera vez que se intenta instalar el miedo. Lo que preocupa es que se haga a plena luz, con impunidad, y sin desmentidas ni disculpas oficiales. ¿Qué lugar queda para el trabajo de prensa si los funcionarios se sienten habilitados a señalar, hostigar o perseguir?

En un país que vivió la censura sistemática durante la dictadura y que aún reclama justicia por el asesinato de José Luis Cabezas, estos gestos no pueden ser tolerados. La libertad de expresión no se negocia. La prensa no debe ser ni cómplice ni víctima del poder.

Desde este medio no vamos a callar. No por nosotros. Por todos los que siguen contando lo que otros quieren esconder.