El Gobierno volvió a desplegar el protocolo antipiquetes contra una movilización pacífica de jubilados. Hubo empujones, hostigamiento y al menos una persona detenida.

Otra vez los jubilados. Otra vez frente al Congreso. Otra vez la represión como respuesta. En la tarde de este miércoles, cientos de personas mayores volvieron a marchar por sus derechos, acompañadas por organizaciones sociales, sindicales y la comunidad universitaria. Exigían lo de siempre: una jubilación que permita vivir, medicamentos gratuitos, y el fin del ajuste feroz que empuja a la indigencia a quienes ya lo dieron todo. La respuesta fue, una vez más, un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad.

Encabezada por efectivos de la Policía Federal, la represión se justificó en nombre del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Agentes encapsularon a los manifestantes, los obligaron a subir a las veredas e interrumpieron el paso con escudos y bastones. Gritos, insultos y empujones marcaron la tónica de una jornada que terminó con al menos una persona detenida por presunta “agresión a un policía”.

La movilización partió desde Plaza Congreso y se dirigió hacia la Plaza de Mayo, custodiada de principio a fin por fuerzas federales. También se desplegaron efectivos de la Prefectura Naval en los alrededores de Casa Rosada, a la espera de una marcha que desde el inicio fue pacífica.

Entre los convocantes se destacaron la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Polo Obrero, el MST y organizaciones de jubilados que cada semana sostienen la protesta. “Volvimos a acompañar a nuestros jubilados porque son parte central del plan de lucha de la CTA, que vamos a seguir sosteniendo para enfrentar la gravísima pérdida salarial de los sectores populares”, expresó Hugo “Cachorro” Godoy.

El reclamo apunta, principalmente, al restablecimiento de la entrega gratuita de medicamentos por parte del PAMI, el aumento de los haberes mínimos y el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso.

La imagen se repite desde hace meses. En marzo, una manifestación similar culminó con heridos de gravedad y la represión a trabajadores de prensa, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo. Lo que debería ser un acto de dignidad —la defensa de derechos adquiridos— se convierte, semana a semana, en una escena de hostigamiento y violencia.

La represión no es un exceso: es una política de Estado. Y como toda política, tiene responsables con nombre y apellido.