El nuevo acuerdo con el FMI pone otra vez en la mira a los jubilados. Más años de aportes, fin de los regímenes especiales, liquidación de la moratoria y podas en pensiones por viudez. El Gobierno avanza hacia una reforma previsional regresiva, sin mostrar un solo dato sobre sostenibilidad.

Con el aval del FMI y bajo la bandera de la “solidez fiscal”, el Gobierno de Javier Milei prepara una reforma estructural del sistema jubilatorio. El nuevo préstamo de 20 mil millones de dólares incluye una exigencia clave: achicar el gasto previsional, cueste lo que cueste. La receta es conocida y brutal: más años de aportes, eliminación de los regímenes especiales como el docente, poda en las pensiones por viudez, derogación de la moratoria y extensión de la PUAM como nuevo piso para millones de adultos mayores.

Desde el retorno de las misiones del Fondo, las jubilaciones se convirtieron en una obsesión para el oficialismo. Con una batería de medidas regresivas –congelamiento de haberes tras la devaluación, derogación de la moratoria, veto a leyes de recomposición, y creación por decreto de una fórmula de movilidad atada a la inflación– el Gobierno avanzó sin mostrar una sola estimación técnica sobre la sustentabilidad futura del sistema. La única certeza es el recorte. El resto es ideología.

La situación actual es crítica. Con el 60% de los beneficios otorgados por moratorias, la eliminación de este mecanismo deja afuera a la mayoría de las y los trabajadores argentinos, sobre todo mujeres, que no pueden cumplir con los 30 años de aportes por el peso de la informalidad. La Fundación Éforo estima que, sin moratoria, 8 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse. No es una proyección: es una condena.

El sistema previsional argentino tiene una cobertura envidiable en la región: el 91% de la población adulta accede a un haber. Esa amplitud fue posible gracias a las políticas de inclusión previsional del último cuarto de siglo. El nuevo proyecto de Milei y Caputo propone volver atrás: instaurar un beneficio básico universal (PUAM) y complementar con un haber proporcional a los aportes, sin mínimo garantizado. Una forma elegante de institucionalizar la pobreza en la vejez.

El diagnóstico del Gobierno –copiado de papers del Cippec– no apunta a mejorar la equidad interna del sistema sino a reducir el gasto total. Por eso también propone eliminar beneficios “vitalicios” por viudez, achicar las pensiones no contributivas por invalidez y terminar con los regímenes diferenciales, desconociendo la especificidad de labores como la docencia o el trabajo rural.

Así, el ajuste previsional se transforma en una decisión política y no técnica. Mientras el Gobierno blinda intereses empresariales, premia la fuga y subsidia a grandes grupos económicos, apunta contra quienes trabajaron toda su vida. No es por eficiencia. Es por ideología.

Las reformas que se vienen no apuntan a garantizar derechos ni a proteger a los sectores más vulnerables. Su único objetivo es cumplir con las metas del FMI y liberar recursos para pagar deuda. La Argentina de Milei, otra vez, prefiere honrar al Fondo antes que a sus jubilados.