La candidata de la Revolución Ciudadana alertó sobre actas adulteradas, votos que no coinciden con el padrón y el uso irregular de fondos públicos durante la campaña de Daniel Noboa.

Tres días después de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, la candidata Luisa González reapareció públicamente para denunciar un conjunto de graves irregularidades en el proceso electoral. A través de un video difundido en redes sociales, la referente de la Revolución Ciudadana expuso pruebas de manipulación en el conteo de votos y responsabilizó al presidente Daniel Noboa de encabezar una campaña plagada de ilegalidades.

González informó que su equipo detectó 1.984 actas sin las firmas requeridas por las autoridades de mesa, en violación del artículo 127 del Código de la Democracia, lo que implicaría su invalidez. A su vez, señaló 1.526 actas donde la suma de los votos no coincide con la cantidad de sufragantes, y 1.582 actas cuyos resultados difieren notablemente del promedio del recinto electoral, lo que indicaría un ingreso irregular de resultados.

Según explicó, se produjo además una disminución inusual del voto en blanco y un descenso artificial del ausentismo, lo que permitiría inferir una manipulación directa de más de 150 mil papeletas.

La candidata también advirtió que en numerosas Juntas Receptoras de Voto no se inscribió correctamente el número de sufragantes, y apuntó contra el CNE por alterar actas ya cargadas al sistema. “Se violó la cadena de custodia y se alteró el resultado final”, remarcó.

En tono firme, González señaló al propio presidente Noboa por hacer campaña sin licencia para buscar la reelección y por usar recursos públicos de forma indebida. "La toma de las instituciones electorales permitió una campaña abierta y desigual desde el Gobierno", denunció, y calificó la entrega de “bonos millonarios sin análisis técnico” como una estrategia populista que “pone en riesgo la dolarización”.

También cuestionó el cambio sorpresivo de recintos y la declaración de estados de excepción en plena elección. Por último, anunció que las pruebas serán presentadas ante las autoridades competentes, aunque advirtió que “lamentablemente están bajo el control de quien hoy gobierna”.

La denuncia se produce en un contexto de creciente polarización política en Ecuador, con un sistema institucional cuestionado y un resultado electoral bajo sospecha. La oposición anticipa semanas de tensión e impugnaciones.