La agencia nacional de noticias fue disuelta el 11 de abril de 2025, a tres días de cumplir 80 años. La decisión, tomada por decreto, borra de un plumazo una institución clave del periodismo argentino. En su lugar, el Gobierno creó una sociedad anónima destinada a manejar la pauta oficial como herramienta de disciplinamiento mediático.

El 14 de abril de 1945, en plena primavera peronista, nacía la Agencia Télam. Ochenta años después, su historia fue clausurada por decreto. El viernes 11 de abril de 2025, tres días antes del aniversario de su fundación, la agencia nacional de noticias fue formalmente disuelta ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Con esa firma se cerró un ciclo histórico del periodismo argentino, no por cansancio institucional, sino por voluntad política: la de Javier Milei, que eligió liquidar la información pública antes que garantizarla.

Télam fue mucho más que una agencia estatal. Fundada por el entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, su misión fue clara desde el inicio: ofrecer una mirada nacional sobre los hechos del país y el mundo, frente al monopolio informativo de las agencias extranjeras como United Press o Reuters. Desde entonces, cumplió un rol estratégico: federalizar la información, sostener medios locales, formar periodistas, garantizar el derecho a la información y construir un archivo público invalorable sobre la historia argentina.

Durante sus ocho décadas de vida, Télam atravesó gobiernos democráticos y dictaduras, resistió cierres, vaciamientos y censuras, pero nunca había sido eliminada como ahora. Su historia está marcada por momentos fundacionales —como la cobertura del retorno de Perón, el Juicio a las Juntas o la represión en diciembre de 2001— y también por la vida cotidiana de un país profundo, con corresponsales en todo el territorio, cronistas formados en la calle y trabajadores comprometidos con la tarea de informar.

El anuncio del cierre fue realizado el 1º de marzo de 2025 por el propio Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En cadena nacional, y sin presentar ningún diagnóstico técnico, el presidente acusó a Télam de ser “un organismo de propaganda kirchnerista” y anunció su eliminación. Esa misma noche, la policía valló los edificios centrales, bloqueó el acceso al personal, desconectó correos institucionales y dio por clausurada la agencia de facto.

Lo que siguió fue un apagón informativo inédito en democracia: se suspendieron los servicios de cables, el portal web fue dado de baja, los archivos fotográficos fueron cerrados, y más de 700 trabajadores quedaron silenciados sin proceso administrativo ni diálogo institucional. Durante semanas, ni siquiera se publicó el decreto de disolución, lo que profundizó la ilegalidad del proceso.

Finalmente, el viernes 11 de abril, la disolución fue oficializada ante la IGJ y los bienes remanentes de Télam fueron transferidos a una nueva estructura: la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU), una firma que concentrará la gestión de la pauta oficial con lógica empresarial.

La creación de APESAU no tiene como objetivo comunicar, sino repartir recursos. Ya sin trabajadores de prensa, corresponsales ni estructura periodística, esta nueva sociedad anónima absorberá las tareas de producción de contenido institucional del Gobierno y manejará la pauta oficial como un fondo privado. La maniobra repite un patrón: vaciamiento de lo público, privatización de funciones estratégicas, concentración de poder mediático.

Donde antes había cables, crónicas, informes especiales y corresponsalías, ahora habrá segmentación de audiencias, métricas de impacto y una sola voz: la del Gobierno. La historia se repite como tragedia, pero con cinismo gerencial.

Desde el primer día del operativo de cierre, los trabajadores de Télam —organizados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y en la Comisión Interna— resistieron el vaciamiento con una dignidad ejemplar. Sostuvieron guardias en las redacciones valladas, mantuvieron activo el sitio Télam Sindical con contenido alternativo, denunciaron cada ilegalidad ante organismos nacionales e internacionales y lograron visibilizar que no se trataba de un ajuste económico, sino de un ataque político a la prensa pública.

En los 80 años de historia de Télam convivieron distintas líneas editoriales, gobiernos de signos opuestos y conflictos laborales. Pero lo que nunca había ocurrido es su silenciamiento absoluto y su conversión en un organismo de propaganda unilateral. Lo que Milei denuncia como “periodismo militante” no es otra cosa que la pluralidad que incomoda al poder.

El cierre de Télam no es solo el cierre de una agencia. Es la clausura de una voz pública, la destrucción de un archivo, la pérdida de una herramienta estratégica para el federalismo informativo. Es también un mensaje disciplinador a los medios críticos, una advertencia a los trabajadores de prensa y una victoria simbólica de los sectores que desde hace años combaten todo lo que huela a Estado, derechos o memoria.

Pero la historia no se borra con decretos. Está escrita en los cables que informaron al país durante décadas, en las fotos que retrataron cada etapa de nuestra vida política, en los cronistas que cubrieron desde elecciones presidenciales hasta inundaciones en el interior profundo. Está viva en la memoria de quienes pasaron por sus redacciones, aprendieron el oficio en sus pasillos y defendieron el periodismo como servicio público.

A 80 años de su fundación y a tres días de su eliminación, Télam sigue diciendo. En cada trabajador que resiste. En cada medio que reclama su vuelta. En cada ciudadano que exige su derecho a ser informado.

Porque Télam no fue del kirchnerismo, ni del peronismo, ni de ningún gobierno. Fue del pueblo argentino. Y lo seguirá siendo, aunque hoy la quieran silenciar.