La decisión de eliminar la intermediación de las obras sociales pone en riesgo 360.000 millones de pesos anuales para los gremios, lo que podría agudizar el conflicto con el Gobierno.

La reciente resolución del Gobierno de eliminar la intermediación de las obras sociales generó una profunda preocupación en la mesa chica de la CGT. La medida, que permite que los aportes de los trabajadores vayan directamente a las prepagas sin necesidad de pasar por las obras sociales sindicales, representa una pérdida significativa para los gremios, estimada en unos $30.000 millones mensuales. Esta cifra se suma a los aportes, contribuciones y subsidios que antes recibían las obras sociales, pero que ahora serán directamente destinadas a las empresas de medicina privada.

La central obrera tenía previsto realizar una reunión del Consejo Directivo la semana pasada, pero esta fue suspendida. Hoy, finalmente, se llevará a cabo en la sede de UPCN, en un contexto de creciente incertidumbre sobre la continuidad del diálogo entre la CGT y el Gobierno. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Salud bajo la dirección de Mario Lugones, afecta directamente a los sindicatos, que perderán entre un 3% y un 6% mensual por cada trabajador afiliado a una obra social.

La decisión del Gobierno encendió las alarmas en la CGT, que desde la salida del líder camionero Pablo Moyano de la cúpula, había abandonado una postura combativa para adoptar una más dialoguista con la gestión de Javier Milei. Sin embargo, la pérdida de recursos destinados a las obras sociales podría significar un punto de inflexión en esa relación, que hasta ahora había sido relativamente conciliadora.

Tras los fracasos de los paros generales, que no lograron el impacto esperado, la CGT optó por abrir canales de diálogo con el Ejecutivo. Este acercamiento incluyó reuniones informales y luego oficiales, donde la central obrera se limitó a confrontar con el Gobierno principalmente a través de comunicados o acompañando movilizaciones organizadas por otros sectores de la sociedad.

No obstante, la reciente medida sobre las obras sociales amenaza con profundizar la grieta, ya que afecta a más de 1.380.000 afiliados y supone una pérdida anual de unos $360.000 millones, lo que podría generar un colapso en el sistema de salud sindical. Este golpe económico es percibido como un ataque directo a la autonomía y los recursos de los gremios, y podría ser el detonante de un nuevo enfrentamiento con la administración de Milei.