Las ONGs Sin Azul no Hay Verde y Círculo de Políticas Ambientales advierten sobre la opacidad del sistema pesquero argentino y reclaman la creación urgente de un registro público de embarcaciones, permisos y adjudicatarios de cuotas.

La pesca es una de las principales actividades económicas del país, pero su funcionamiento real permanece lejos del escrutinio público. Así lo denuncian las organizaciones Sin Azul no Hay Verde (SANHV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que acaban de publicar el informe “Transparencia en la pesca y acceso a la información”, donde analizan las graves deficiencias del Estado argentino para garantizar el acceso a datos clave sobre el manejo de los recursos pesqueros.

El estudio fue presentado el pasado jueves 10 de abril mediante un encuentro virtual, donde se remarcó la falta de información pública sobre quiénes pescan, cuánto extraen y bajo qué condiciones. “No puede ser que un ciudadano tenga que ser especialista o dedicar días para entender cómo se gestiona un recurso que es de todas y todos”, señaló Consuelo Bilbao, integrante del CPA.

Uno de los disparadores del informe fue el proceso de asignación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), mediante el cual el Gobierno distribuyó en 2023 el derecho a explotar cuatro especies comerciales durante los próximos 15 años, a partir de enero de 2025. Pese a tratarse de bienes públicos, el reparto se hizo con escasa información y sin transparencia. “Recién accedimos a los datos cuando ya estaba todo cerrado”, denunció Bilbao.

El diagnóstico es alarmante: en Argentina no existe un registro único ni accesible de embarcaciones, permisos o beneficiarios de las cuotas. Esa opacidad facilita la concentración y extranjerización del sector. El informe señala que más del 50% de los barcos poteros, claves para la pesca de calamar, están en manos de empresas chinas. También hay presencia de capitales españoles, noruegos y norteamericanos.

Aunque la Ley de Pesca establece principios de sustentabilidad y participación ciudadana, no fija exigencias claras sobre acceso a la información. La falta de transparencia no solo impide el control social, sino que también abre la puerta a prácticas como la sobrepesca, la evasión de regulaciones, los subsidios mal asignados y la captura de decisiones por parte de intereses privados.

Las organizaciones proponen como primer paso la creación de un registro público y en línea que permita saber quiénes son los actores del sistema pesquero, qué permisos tienen, qué especies capturan y en qué volúmenes. “Sin datos, no hay democracia. Lo que no se conoce, no se defiende”, concluyó Bilbao