Más de 1.000 trabajadores en la incertidumbre total. Cierre de plantas, deudas millonarias, directivos presos y un modelo de vaciamiento que algunos supieron defender con banderas celeste y blanca.

La caída final de Vicentin llegó con la crudeza que suele tener la realidad cuando cae el velo del relato. La histórica agroexportadora, que fue protegida y defendida como emblema del “campo argentino” frente al intento estatal de rescate en 2020, paralizó este fin de semana sus dos principales plantas en Santa Fe, dejando en la deriva a más de 1.000 trabajadores y a otros 3.000 empleos indirectos.

La empresa, otrora símbolo del poder sojero, cerró por completo sus instalaciones en Avellaneda y Ricardone. La razón oficial: se acabaron los contratos de fasones, única fuente de ingresos tras su default de 2019. La razón de fondo: un modelo empresarial basado en el vaciamiento, el fraude y la especulación, sostenido durante años con complicidades políticas, financieras y judiciales.

Aún no pagó los sueldos de marzo ni terminó de abonar los de febrero. El gremio aceitero se declaró en alerta y no se descartan medidas de fuerza de alto impacto. Mientras tanto, la empresa también acumula una deuda de más de $400 millones con la cooperativa eléctrica local, lo que podría desembocar en un corte de energía inminente en sus plantas.

La postal no deja dudas: sin producción, sin ingresos, sin inversores ni respaldo judicial, Vicentin se desploma y arrastra consigo a miles de familias. Y lo hace mientras cuatro de sus exdirectivos —Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti— enfrentan prisión preventiva por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta. La fiscalía los acusa de haber montado una red de desvío de fondos por casi 600 millones de dólares, incluso después de ingresar en concurso de acreedores.

Pese a que el plan de salvataje presentado en el concurso contó con el aval de más del 70% de los acreedores, la Justicia aún no homologó la propuesta. La última audiencia convocada por el juez, destinada a reactivar contratos con ACA y Bunge-Viterra, terminó en fracaso total por la ausencia de inversores.

Pero lo más obsceno no es solo la estafa, sino el recuerdo de aquellos que salieron a la calle a gritar “Todos somos Vicentin”, como si la empresa representara la patria productiva y no el modelo más salvaje del capitalismo argentino: fuga, endeudamiento, fraude, lavado y posterior victimización mediática.

A cinco años de su default, Vicentin ya no puede ocultar lo que siempre fue: un instrumento para el enriquecimiento de unos pocos, blindado por los grandes medios y defendido por quienes confunden la defensa del “campo” con la defensa del privilegio y la impunidad.

Hoy sus trabajadores están solos. Las banderas que alguna vez flamearon en su nombre, desaparecieron. Lo que queda es un símbolo del fracaso de un modelo empresarial que vacía, estafa y luego exige que lo rescaten en nombre de la República.