El juez de la Corte cuestionó el nombramiento por decreto de García-Mansilla y recordó que él nunca aceptaría llegar al tribunal sin el aval del Senado. La maniobra del oficialismo, una vez más, al margen de la institucionalidad.

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia, marcó distancia del decreto de Javier Milei que nombró a Manuel García-Mansilla en comisión durante el receso legislativo. Lo hizo al considerar que “nunca aceptaría ser designado por decreto” y al defender el procedimiento institucional que requiere aval del Senado. “Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, señaló en diálogo con Eduardo Feinmann.

La declaración del magistrado ocurre tras el rechazo de la Cámara Alta a los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo, ambos propuestos por el presidente para cubrir vacantes en la Corte. En ese contexto, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictaminó que García-Mansilla no podrá firmar fallos durante tres meses y pidió al resto de los jueces del máximo tribunal que eviten su participación hasta que se regularice su situación.

Desde el gobierno, sin embargo, ratificaron la designación. El vocero presidencial Manuel Adorni defendió la maniobra al calificarla de “legal” y minimizó la decisión del Congreso, al que acusó de actuar con “motivaciones políticas”. El oficialismo insiste en mantener a García-Mansilla como parte del tribunal pese al rechazo explícito del Senado.

Lorenzetti también recordó el antecedente de 2015, cuando Mauricio Macri intentó designar en comisión a Rosatti y Rosenkrantz. En aquella oportunidad, según relató, la propia Corte advirtió que lo correcto era respetar el procedimiento institucional. “La Corte ha dicho en numerosas oportunidades que la designación de jueces es una decisión del Senado”, sostuvo.

Mientras Milei redobla su ofensiva contra el Congreso y tensiona aún más la relación con el Poder Judicial, el tribunal seguirá funcionando con sus miembros actuales, aunque con una incómoda sombra sobre el rol de García-Mansilla, cuya designación por decreto no solo carece de consenso político, sino también de legitimidad institucional.