El ajuste se cobra nuevas víctimas: más de 500 trabajadores del sector asegurador quedaron en la calle por el cierre de empresas habilitado por el gobierno y la pasividad del Estado.

El Sindicato del Seguro declaró el estado de alerta ante el cierre de varias compañías del sector, lo que provocó la pérdida directa de al menos 500 puestos de trabajo. En un comunicado firmado por el secretario general, Jorge Sola, y el secretario gremial, Daniel Navazo, el gremio denunció la disolución y liquidación de aseguradoras por disposición de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) o por decisiones judiciales motivadas por lo que califican como “irresponsabilidad empresarial”.

Entre las firmas afectadas se encuentran Orbis Seguros —que solicitó su autoliquidación— Caledonia, Escudo, Juncal, Boston y TPC. Los despidos se producen en un contexto de fuerte contracción del empleo formal, impulsado por el modelo económico del gobierno de Javier Milei, que desregula, ajusta y desmantela derechos laborales bajo el pretexto de la “libertad de mercado”.

“El trabajo no es un privilegio, es un derecho”, afirmó el sindicato, que advierte sobre el carácter irreversible de muchos de estos despidos. “La mayoría de los puestos de trabajo no se recuperan una vez perdidos”, señalaron. Para el gremio, los trabajadores están siendo utilizados como “variable de ajuste” en una economía que prioriza la rentabilidad empresaria por sobre el bienestar colectivo.

“Achicamiento del mercado. Irresponsabilidad empresarial. La variable de ajuste: los trabajadores”, denunció Jorge Sola al difundir el comunicado desde sus redes sociales.

La crisis en el sector asegurador no es un fenómeno aislado: forma parte del deterioro generalizado del empleo registrado, que se profundiza en sectores clave de la economía nacional. Frente a este escenario, el sindicato se declaró en estado de alerta permanente y aseguró que continuará defendiendo los puestos de trabajo de sus afiliados frente al avance del ajuste.

El vaciamiento empresarial, habilitado por la retirada del Estado, se convierte en una amenaza concreta para miles de familias. Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene un discurso de “fin de los privilegios” que, en la práctica, se traduce en el desguace de los derechos laborales conquistados.