Ya son más de 50.000 los muertos en la Franja desde octubre. La comunidad internacional exige el fin del genocidio y una investigación urgente por crímenes de guerra.

Una escuela repleta de familias desplazadas fue bombardeada por el Ejército israelí en el barrio de Al-Tuffah, al este de la Ciudad de Gaza. El ataque destruyó la escuela Dar Al-Arqam y dejó un saldo atroz: al menos 18 niños muertos, además de mujeres, ancianos y seis personas que siguen desaparecidas bajo los escombros. La escuela funcionaba como refugio para miles de civiles que habían huido de otras zonas arrasadas por los bombardeos.

La masacre ocurrió en medio de una nueva ola de ataques que ya provocó la expulsión masiva de palestinos de zonas como Al-Shujaiya, al norte de la Franja. Organismos internacionales denuncian que el Estado de Israel ha destruido al menos 229 centros de desplazados desde octubre de 2023, en lo que configura una violación sistemática del derecho internacional humanitario.

La situación humanitaria es desesperante. El sistema de salud colapsó, los hospitales están destruidos y las plantas desalinizadoras dejaron de funcionar por falta de combustible y electricidad. Más de 600.000 personas no tienen acceso a agua potable. Las enfermedades por consumo de agua contaminada se multiplican, y la ayuda humanitaria no logra ingresar por el bloqueo total impuesto por Tel Aviv.

Desde Naciones Unidas, se multiplican los llamados urgentes a un alto el fuego inmediato. El representante palestino ante la ONU exigió una investigación independiente por crímenes de guerra y denunció que el accionar israelí viola todas las convenciones internacionales. Rusia reclamó que el Consejo de Seguridad tome el control de las negociaciones.

El saldo de la ofensiva israelí es brutal: más de 50.000 muertos, más de 113.000 heridos y una población entera empujada al abismo. La comunidad internacional enfrenta un imperativo moral: frenar el genocidio o cargar con su complicidad histórica.