La mayoría de los sectores políticos repudió las declaraciones de Milei en Davos, que atacaron a las parejas gays, los feminismos y los migrantes.

El reciente discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos ha desencadenado una reacción política y social que profundiza la polarización del escenario argentino. En su intervención, el presidente adoptó una postura provocadora hacia los movimientos feministas y la comunidad LGBT, lo que ha generado una respuesta transversal de repudio. Sin embargo, este rechazo no ha sido acompañado por una condena unánime dentro de la coalición oficialista, lo que exponen la falta de coherencia política del gobierno de cara a sus compromisos en derechos humanos.

La ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue una de las primeras figuras políticas en cuestionar duramente el discurso de Milei. A través de sus redes sociales, el dirigente kirchnerista le exigió al presidente que respeta la diversidad de los proyectos de vida individuales, un principio que, según ella, debería ser inherente a cualquier propuesta política que se considere liberal. En un tono mordaz, CFK lo acusó de incoherente al exhibir un discurso de "libertad individual" mientras descalifica y estigmatiza a aquellos sectores sociales que no se ajustan a su visión conservadora. Esta declaración se inscribe en un contexto donde la vicepresidenta no solo se opone a las políticas de Milei, sino que también advierte sobre la contradicción de sus propios principios de "libertad".

Por su parte, Elisa Carrió, presidenta de la Coalición Cívica, presentó una carta formal a Milei, en la que lo acusó de violar los principios constitucionales al promover un discurso de odio y discriminación. Carrió subrayó que el respeto a la dignidad humana es un pilar fundamental de la Constitución Nacional, y que el presidente está en clara contradicción con los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ha ratificado. En este sentido, Carrió no solo cuestionó las formas, sino también la coherencia de un gobierno que se presenta como defensor de la democracia y los derechos fundamentales mientras fomenta la división y el odio social.

La respuesta del Frente de Izquierda y diversas organizaciones sociales no se ha hecho esperar. Estos sectores anunciaron su participación en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, que se llevará a cabo el 1 de febrero. La movilización, que se prevé multitudinaria, será una respuesta a las políticas de discriminación que, según estos actores, se encuentran en pleno ascenso en el país. Además de los movimientos feministas y LGBT, sindicatos y partidos políticos, como la CTA y la CGT, también han expresado su apoyo a esta manifestación, que se presenta como un rechazo a las políticas neoliberales que Milei intenta imponer.

En contraste con estas posiciones críticas, el PRO ha optado por un perfil bajo frente a la escalada del conflicto. A pesar de que algunos de sus referentes, como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la diputada Silvia Lospennato, han expresado reservas respecto a las palabras del presidente, el ex presidente Mauricio Macri ha mantenido un silencio absoluto.

La convocatoria a la marcha, que tendrá como epicentro la Plaza Congreso en Buenos Aires, se replicará en diversas ciudades del país, evidenciando la creciente movilización social en defensa de los derechos humanos. En este contexto, la movilización se plantea como una respuesta contundente al avance de las políticas neoliberales y la retórica conservadora que, desde el gobierno de Milei, pretende deslegitimar a sectores que históricamente han luchado por la igualdad y la justicia social.