Mientras la ministra Bullrich premia la represión, la Justicia empieza a frenar la impunidad. Cristian Rivaldi, el oficial que atacó con gas lacrimógeno a una nena de 10 años, será indagado. Un paso que puede marcar un antecedente en otras causas de violencia institucional.

Siete meses tardó la Justicia en dar un primer paso para investigar un acto de brutalidad policial que quedó registrado en cientos de videos: la represión del 28 de agosto pasado contra la marcha de los jubilados, en la que una nena de 10 años fue gaseada en la cara por la Policía Federal. Ahora, el fiscal federal Eduardo Taiano citó a indagatoria a Cristian Miguel Rivaldi, el oficial identificado como el responsable del ataque.

Según la presentación de Taiano ante el Juzgado Federal 9, Rivaldi disparó el gas lacrimógeno "de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia" contra Fabrizia Pegoraro, quien sigue sufriendo secuelas en su vista. No se trató de un exceso aislado, sino de una práctica de represión sistemática avalada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Lejos de sancionar o investigar a Rivaldi, Bullrich lo ascendió y lo puso al frente del operativo en la siguiente marcha de jubilados, donde también se registraron agresiones policiales. No solo eso: cuando las imágenes del ataque a la nena se viralizaron, la ministra salió a defender al agresor y culpó a la madre de Fabrizia, a quien calificó de "irresponsable y violenta". Junto a su secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recorrió los medios intentando instalar la mentira de que la niña había sido atacada por manifestantes. Una versión que se desmoronó al instante con las pruebas fílmicas.

El fiscal Taiano recogió testimonios y material fotográfico que confirman que la nena y su mamá estaban "sentadas en la vía pública sin ejercer ningún tipo de resistencia ni agresión" cuando fueron atacadas. Fabrizia sufrió "conjuntivitis química que le perduró por varios días causándole dolores y malestares en la vista". Su mamá, Carla, relató que la Policía usó un gas especialmente agresivo que les generó "gran irritación en los ojos, dolor de cabeza, en el cuero cabelludo y en todo el cuerpo". Dos días después, tuvo que llevar a su hija al hospital Santa Lucía porque los síntomas persistían.

El abogado Gregorio Dalbón, representante de la familia, aseguró que esta citación es "el primer freno que le pone la justicia a la impunidad de Bullrich". Además, adelantó que impulsará una demanda civil por los daños y perjuicios sufridos por Fabrizia y su mamá. "La principal imputada es Bullrich, como la máxima responsable del operativo. Ella también tiene que ser llamada a indagatoria y juzgada", sostuvo.

Este caso podría marcar un precedente para otras víctimas de la represión estatal durante el gobierno de Milei. Entre ellas, el fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido en la cabeza por la Policía, y la jubilada Beatriz Blanco, de 87 años, golpeada en otra marcha y luego calificada de "patotera" por Bullrich.

La estrategia de la ministra es clara: sembrar miedo, reprimir y después negar la realidad. Pero la justicia empieza a demostrar que la impunidad no es eterna. La violencia institucional no es un "exceso" ni una "desprolijidad": es política de Estado. Y tarde o temprano, quienes la ejecutan y la avalan tendrán que responder.