El Ministerio de Justicia suspendió por 60 días las transferencias al principal sitio de memoria del país. La medida pone en riesgo el funcionamiento del espacio y el pago de salarios, en lo que trabajadores denuncian como un plan de vaciamiento.

El gobierno de Javier Milei profundizó su ofensiva contra las políticas de memoria al ordenar el congelamiento de fondos del Ente Público Espacio Memoria ESMA. La resolución, firmada por el subsecretario Juan Cruz Montero, establece una "auditoría" que paralizará por dos meses las transferencias económicas al organismo.

La medida deja al ente con apenas $267.603,15 en sus cuentas, insuficientes para cubrir los salarios de abril y el mantenimiento básico del predio donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) respondió con un paro de actividades durante el fin de semana y convocó a una asamblea para este lunes.

Este ataque económico se produce en el marco de un sistemático desmantelamiento de las políticas de derechos humanos. Solo en los últimos tres meses, el gobierno cerró el Centro Cultural Haroldo Conti, despidió a decenas de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y ordenó retirar la gigantografía de Néstor Kirchner que conmemoraba la remoción de los cuadros de dictadores en el Colegio Militar.

La situación se agrava por el contexto político. Dos días antes de la medida, más de un millón de personas habían colmado Plaza de Mayo en el 49° aniversario del golpe de Estado. Ese mismo día, el gobierno difundió un video revisionista de Agustín Laje y anunció una polémica "desclasificación" de archivos de la ex SIDE.

Los trabajadores del Espacio Memoria advierten que se trata de un nuevo capítulo en el intento de reescribir la historia. "Quieren asfixiar económicamente al espacio para justificar su cierre definitivo", denunció Hugo Blasco, delegado de ATE en el predio. Mientras tanto, la Policía Federal continúa filmando las asambleas de trabajadores y controlando los accesos al edificio.

El Ente Público Espacio Memoria ESMA, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2023, funciona desde 2004 en el ex centro clandestino donde estuvieron secuestradas unas 5.000 personas. Su presupuesto depende mayormente de transferencias del Estado nacional, que ahora quedaron suspendidas por la resolución del Ministerio de Justicia.

Organismos de derechos humanos y referentes políticos ya anunciaron que resistirán el nuevo ataque. "Por más que quieran, no van a poder borrar la memoria", había escrito Cristina Fernández de Kirchner el 24 de marzo, cuando H.I.J.O.S. reinstaló la gigantografía que el gobierno había ordenado retirar. La disputa por el relato histórico sigue abierta, pero cada vez con menos recursos para quienes defienden la memoria, la verdad y la justicia.