Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación por las posibles amenazas a los derechos humanos que podrían derivarse del segundo mandato de Donald Trump, destacando el impacto negativo de sus políticas tanto en Estados Unidos como en América Latina.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, advirtió que el impacto de las políticas estadounidenses en los derechos humanos tiene un efecto expansivo a nivel global. El gobierno de Trump, al presentar propuestas como la deportación masiva y el cierre de fronteras, se ha mostrado como una amenaza para los derechos de los migrantes, poniendo en peligro el derecho al asilo.

Amnistía también recordó que el nuevo gobierno de Trump podría presionar a países de la región, como México, para militarizar sus fronteras, una estrategia que históricamente ha demostrado ser ineficaz y perjudicial para la población.

La organización mostró especial preocupación por los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, un patrón que podría intensificarse si no se brindan garantías a la sociedad civil. En ese sentido, la directora de Amnistía Internacional en Paraguay, Rosalía Vega, alertó sobre el riesgo de que este tipo de persecuciones se propaguen por toda la región si no se fortalecen las instituciones democráticas.

Otro punto crítico es la creciente amenaza contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQI+, especialmente en un contexto en el que Trump ya había atacado derechos fundamentales, como el acceso al aborto y la lucha contra la violencia de género.

El cambio climático, un desafío global, también es un tema de preocupación central para la organización. Como segundo mayor emisor de carbono, Estados Unidos tiene una responsabilidad crucial en la lucha contra la crisis climática. La posible retirada del país del Acuerdo de París se presenta como una agresión a los derechos humanos, ya que el cambio climático agrava situaciones de pobreza y violencia.

Finalmente, Amnistía Internacional recalcó la necesidad de una respuesta coordinada de los países para enfrentar estas amenazas a los derechos humanos, instalando a Estados Unidos a liderar con responsabilidad en el ámbito internacional y trabajar junto con los países de las Américas para proteger los derechos fundamentales de todas las personas.