Mientras los tarifazos y el recorte del gasto social golpean a los sectores populares, el Gobierno de Milei negocia con el FMI, el BID y el Banco Mundial para sostener las reservas y garantizar el pago de la deuda externa. La prioridad sigue siendo cumplir con los acreedores, mientras la economía real se deteriora.

El Gobierno nacional avanza en una serie de negociaciones con organismos multilaterales para garantizar el pago de la deuda externa sin afectar los intereses de los grandes grupos económicos. Mientras los salarios pierden poder adquisitivo y el ajuste avanza sobre la educación, la salud y los subsidios, el equipo económico de Javier Milei busca nuevas líneas de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

El objetivo central es reforzar las reservas del Banco Central y cumplir con los compromisos de deuda, que suman 26.600 millones de dólares entre 2024 y 2029. De ese total, 14.000 millones corresponden a vencimientos con el FMI y 12.600 millones a otros bancos multilaterales. Es decir, la Argentina sigue atrapada en el círculo vicioso del endeudamiento, pagando intereses mientras las necesidades urgentes de la población quedan relegadas.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, viajará a Chile para participar de la asamblea anual del BID, donde se reunirá con el presidente del organismo, Ilan Goldfajn, para avanzar en nuevos desembolsos. En paralelo, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, visitará Buenos Aires el 2 de abril, en un claro guiño de los organismos internacionales al ajuste del Gobierno.

MÁS AJUSTE PARA PAGAR LA DEUDA
Los acuerdos en negociación buscan garantizar dólares frescos, pero a costa de profundizar el ajuste estructural. El BID ya comprometió 2.400 millones de dólares para 2024 y 2025, incluyendo un préstamo de 200 millones destinado a Bahía Blanca tras las inundaciones. Sin embargo, la mayor parte de los fondos se destinarán a garantizar la estabilidad cambiaria y no a aliviar la crisis social.

Por su parte, el Banco Mundial mantiene una cartera de 26 préstamos activos en Argentina, con programas orientados a la asistencia social, pero también al financiamiento de reformas estructurales. Entre ellas, se analiza la reducción de subsidios energéticos y de transporte, lo que impactará de lleno en el bolsillo de los sectores populares.

Mientras tanto, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, siguen apostando a una política de ajuste sin red. La quita de subsidios y la licuación de salarios son la contracara del cumplimiento estricto con los organismos financieros, en una repetición del modelo neoliberal que ya fracasó en el pasado.

UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LOS ACREEDORES
Los números oficiales revelan la prioridad del Gobierno: entre diciembre de 2023 y febrero de 2025, la deuda con el FMI apenas se redujo en 200 millones de dólares (de 40.900 a 40.700 millones), mientras que la deuda con otros organismos internacionales creció en 1.500 millones (de 33.300 a 34.800 millones). Es decir, lejos de reducir la dependencia del endeudamiento, la administración Milei la profundiza.

El respaldo de estos organismos resulta clave para evitar un colapso financiero, pero a cambio de nuevas exigencias que se traducen en mayor ajuste. Además, el BID evalúa financiar inversiones privadas en litio y cobre, sectores estratégicos que el Gobierno está entregando sin control ni regulación.

Las reservas del Banco Central siguen en la mira. Sin un acuerdo definitivo con el FMI y con la incertidumbre sobre el esquema cambiario, el equipo económico apuesta a que los dólares de los organismos multilaterales sean suficientes para evitar una crisis cambiaria. Pero el costo de esa estabilidad es la profundización de un modelo donde el pueblo paga la deuda mientras los grandes empresarios siguen acumulando ganancias.