El diputado socialista Esteban Paulón presenta un proyecto de resolución exigiendo al gobierno de Milei que actualice la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC), argumentando que la actual medición subestima la inflación y afecta directamente los ingresos de los jubilados.

La polémica en torno a la medición de la inflación en el gobierno de Javier Milei no se limita al ámbito internacional. Ahora, voces del arco político local, como la del diputado socialista Esteban Paulón, alzan su voz para denunciar las falencias en la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto directo en los ingresos de los sectores más vulnerables, especialmente los jubilados.

Ante esta situación, el diputado Paulón, acompañado por su par Mónica Fein, ha presentado un proyecto de resolución que insta al gobierno nacional a aplicar una nueva fórmula de cálculo de precios. La principal preocupación radica en que la metodología actual, que data de 2004, no refleja el consumo habitual de las familias argentinas y, por lo tanto, subestima la inflación real.

En el proyecto de resolución, Paulón es contundente al señalar que la falta de actualización del IPC ha significado un "robo" de $522.741 a las jubilaciones mínimas durante el año 2024. Esto se traduce en una pérdida mensual de aproximadamente $45.000 para cada jubilado, una cifra que agrava aún más la difícil situación económica que atraviesan. "Es urgente que el aumento previsional responda a necesidades actuales", enfatizó el diputado.

El documento presentado por Paulón detalla cómo la actual metodología del IPC incluye productos que ya no forman parte del consumo cotidiano de la mayoría de las familias. Televisores de tubo, líneas telefónicas fijas, reproductores de DVD y casetes son algunos de los ejemplos que ilustran esta desactualización. "Absolutamente fuera de la realidad", calificó el diputado, señalando la necesidad de incorporar en la medición los gastos actuales como plataformas de streaming y la verdadera representación del peso de los servicios en el presupuesto familiar, que actualmente solo representan un 2% en el IPC real, a pesar de ser un 17% de los gastos de cada persona.

Mientras el gobierno nacional se resiste a actualizar el IPC, otras jurisdicciones como Santa Fe y Buenos Aires ya han avanzado en la implementación de una canasta de consumo más acorde a la realidad actual, con una base en el año 2018. Paulón destaca que estas provincias ya utilizan cifras más representativas, pero a nivel nacional persiste la inacción, a pesar de las recomendaciones y validaciones del Fondo Monetario Internacional.

La insistencia en la necesidad de actualizar el IPC se extiende por más de un año, con voces que señalan que la decisión de no hacerlo proviene de la Casa Rosada, con el objetivo de evitar un impacto mayor en las cifras de inflación. Esta postura genera tensiones, especialmente cuando el propio titular del INDEC, Marco Lavagna, reconoce la conveniencia de un cambio.

La resistencia a actualizar la metodología del IPC se fundamenta en el impacto que esto tendría en las mediciones oficiales. Según estimaciones privadas, el cambio a una canasta más moderna habría arrojado un incremento de 16 puntos porcentuales en la inflación de 2024 para el gobierno de Milei, con un panorama incierto para este año electoral.

La denuncia del diputado Paulón pone de manifiesto la necesidad de una medición de inflación transparente y que refleje fielmente el costo de vida de los argentinos, especialmente para aquellos que dependen de ingresos fijos como los jubilados. La actualización del IPC no es solo una cuestión técnica, sino una cuestión de justicia social que impacta directamente en la capacidad de millones de personas para cubrir sus necesidades básicas.