En un intento por reescribir la historia y desdibujar la memoria colectiva, el video difundido por el gobierno de Milei el 24 de marzo omite deliberadamente el concepto de terrorismo de Estado, apelando a una "historia completa" que, paradójicamente, excluye un aspecto fundamental de nuestro pasado reciente.

A 49 años del golpe cívico-militar que instauró la dictadura más sangrienta de nuestra historia, la Casa Rosada nos ofrece una particular reflexión sobre el pasado. En un video protagonizado por el intelectual Agustín Laje y financiado con los impuestos de todes, se invoca la búsqueda de una "historia completa" y el "pensamiento libre". Sin embargo, este discurso, que se presenta como un acto de valentía intelectual, esconde una peligrosa omisión: el concepto de terrorismo de Estado.

Laje, con su habitual retórica, se erige como un joven que, supuestamente hastiado del "adoctrinamiento" escolar, se lanzó a la búsqueda de una verdad propia. En su relato, las guerrillas son catalogadas como "terroristas" en reiteradas ocasiones, un término que, si bien complejo, tiene sus aristas. Pero, al referirse a la brutal represión estatal, solo se mencionan "métodos ilegales" y una "horrorosa represión ilegal", evitando cuidadosamente la caracterización jurídica y probada del terrorismo de Estado. Esta omisión no es casualidad, sino una decisión política con claras intenciones.

El terrorismo de Estado no es una mera etiqueta ideológica; es un concepto jurídico respaldado por sentencias de tribunales argentinos y organismos internacionales. Define la utilización sistemática del aparato estatal para la persecución, desaparición y asesinato de opositores políticos. Los juicios por lesa humanidad en Argentina han ratificado de manera contundente esta realidad, un hecho ineludible para quienes buscan una comprensión cabal de nuestro pasado reciente. Ignorar este concepto es un intento deliberado de desdibujar la naturaleza criminal de la dictadura y de socavar la lucha por la memoria, verdad y justicia que tanto costó construir.

El video de Milei y Laje se inscribe en una preocupante corriente de revisionismo histórico y negacionismo que se expande a nivel internacional. Al igual que en Brasil con Bolsonaro, en España con la ultraderecha o en Estados Unidos con sectores conservadores, se busca relativizar los crímenes de regímenes autoritarios y deslegitimar los consensos alcanzados en materia de derechos humanos. Esta "batalla cultural" tiene como objetivo no solo reinterpretar el pasado, sino también legitimar un proyecto político presente que, en el caso argentino, parece apuntar a la destrucción de la clase media y la profundización de un modelo neoliberal que ya demostró sus nefastas consecuencias.

La apelación a una "historia completa" es en sí misma una falacia cuando se excluye un aspecto fundamental de la misma. ¿Cómo puede hablarse de totalidad si se omite deliberadamente la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada por el Estado? Esta estrategia discursiva busca relativizar los crímenes equiparándolos a otras formas de violencia política, ignorando la clara distinción establecida por organismos internacionales y la justicia argentina sobre el monopolio estatal de la fuerza y su uso criminal contra la población.

La ausencia del concepto de terrorismo de Estado no es un error, sino una decisión política calculada. Busca desplazar el foco del debate, desdibujar la responsabilidad del aparato represivo de la dictadura y, en última instancia, socavar el legado de lucha por la memoria, la verdad y la justicia que ha sido fundamental para la democracia argentina. El video, con su ambigüedad y su tono "profesional", deja la puerta abierta a interpretaciones revisionistas que buscan justificar o minimizar los crímenes del pasado, un intento que no hace más que revictimizar a quienes sufrieron en carne propia la barbarie de aquellos años.

El video oficial del 24 de marzo no es un llamado a la reflexión histórica, sino un intento de manipulación del pasado. Al omitir el concepto de terrorismo de Estado y proponer una "historia completa" que deja fuera lo esencial, el gobierno de Milei y sus voceros demuestran un preocupante desprecio por la memoria colectiva y un peligroso alineamiento con corrientes negacionistas. Defender la verdad histórica no es solo una cuestión de interpretación, sino de reconocer los hechos probados y las sentencias judiciales que condenaron los crímenes de lesa humanidad. Ignorar esto no es revisar la historia, es negarla y, en última instancia, poner en riesgo la democracia y los derechos humanos en nuestro país.