El gobierno de Milei utiliza el anuncio de desclasificación de archivos de la dictadura como una cortina de humo para desviar la atención de su agenda negacionista, mientras destruye las herramientas que podrían garantizar justicia para las víctimas.

En un intento de desviar la atención de la memoria histórica, el gobierno de Javier Milei ha lanzado un nuevo anuncio sobre la desclasificación de archivos de la dictadura. Sin embargo, este supuesto avance en la "memoria completa" no es más que una estrategia para justificar la impunidad de los responsables de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. La realidad es otra: las promesas sobre transparencia chocan con la falta de acción concreta y con la destrucción sistemática de las áreas que antes se encargaban de investigar y preservar esos mismos archivos.

El anuncio hecho por el gobierno no aporta novedades significativas. Los documentos a los que se hace referencia ya fueron parcialmente revelados en gobiernos anteriores, y lo que realmente se oculta detrás de esta movida es un intento por ocultar la falta de compromiso con la justicia. Si realmente estuvieran comprometidos con la verdad, no habrían desmantelado áreas clave del Ministerio de Defensa dedicadas a investigar el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, ni habrían eliminado el personal especializado en la recolección de pruebas fundamentales para los juicios por crímenes de lesa humanidad.

La estrategia del gobierno también pasa por presentar una imagen de "equilibrio" en la historia. En los últimos días, se difundió un video en el que se pone en tela de juicio la cifra de los 30.000 desaparecidos y se habla de una supuesta "guerra" en la que todos fueron responsables. Esa postura, que ya resulta más que conocida, busca relativizar el genocidio perpetrado por el Estado militar, instalando la mentira de los dos demonios como una supuesta verdad histórica.

Sin embargo, esta narrativa es rechazada por los organismos de Derechos Humanos, quienes denuncian que lo que realmente está en juego es una campaña para garantizar la impunidad de los genocidas. En lugar de asumir la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad, el gobierno se empeña en buscar culpables en los sectores populares, en un intento descarado de reinterpretar la historia y borrar la verdad que durante años lucharon por construir las víctimas, los sobrevivientes y las organizaciones que defienden los derechos humanos.

En medio de este escenario, la noticia sobre la supuesta "desclasificación" de archivos ha quedado en una nebulosa, pues quienes trabajaron en el proceso de apertura de esos documentos señalan que no hay nada nuevo bajo el sol. Cristina Caamaño, ex interventora de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández, ha sido clara: los archivos ya están disponibles desde hace años, y el actual gobierno solo busca tomar crédito por algo que ya estaba hecho. De hecho, el cierre de la Casa de la Moneda, que trabajaba en la digitalización de esos documentos, evidencia una clara falta de voluntad para seguir el trabajo iniciado en el pasado.

A pesar de los esfuerzos por generar ruido mediático con estos anuncios, la verdad es que la situación es más simple de lo que parece: no se trata de desclasificar nada nuevo, sino de diluir la memoria, de encubrir los crímenes y de seguir profundizando la impunidad. La idea de que un gobierno que desmantela los archivos de la dictadura ahora puede ser el mismo que lucha por la "memoria completa" resulta, por lo menos, contradictoria.

Es hora de que la sociedad argentina despierte ante la evidente maniobra. La memoria histórica no se desclasifica como un archivo; la memoria se defiende con hechos, con justicia y con el compromiso de que nunca más haya espacio para la impunidad. Frente a esta nueva ofensiva, es necesario seguir reclamando la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Y, sobre todo, recordar que la memoria, como la justicia, no es negociable.