Tras la brutal represión en el Congreso, las centrales sindicales y movimientos sociales confirmaron su participación en la protesta del 19 de marzo. Se esperan mayores medidas de seguridad para evitar detenciones arbitrarias y nuevos hechos de violencia.

Los sindicatos y organizaciones sociales redoblan su apoyo a los jubilados y convocan a movilizar el próximo miércoles al Congreso, en rechazo a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante la última manifestación. A la convocatoria inicial de las dos CTA se sumaron gremios de la CGT, como La Bancaria y la Federación Gráfica Bonaerense, además de la Juventud Sindical de la central obrera. También la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un cese de tareas a partir del mediodía para facilitar la participación de sus afiliados.

Tras la violencia policial que dejó más de 130 detenidos y cientos de heridos, la movilización buscará reforzar medidas de seguridad para evitar nuevas agresiones. En ese marco, sectores gremiales y políticos denunciaron el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y exigen su renuncia.

A diferencia de la semana pasada, la convocatoria parece estar organizada únicamente por espacios sindicales y políticos, sin el nivel de autoconvocados ni la fuerte presencia de hinchas de fútbol que caracterizó la anterior protesta. Sin embargo, algunas agrupaciones vinculadas al deporte, como la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, ya anunciaron su participación.

Este domingo, hinchas de distintos clubes realizaron una caravana en homenaje a Pablo Grillo, el reportero gráfico gravemente herido por una cápsula de gas lacrimógeno en la represión del miércoles. La movilización, que recorrió ex centros clandestinos de detención junto a Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones de derechos humanos, sirvió como anticipo de la nueva jornada de protesta.

El gobierno de Javier Milei enfrenta así un nuevo desafío en las calles, a pocos días de la histórica marcha del 24 de marzo, que además de reivindicar la memoria, sumará un fuerte repudio a las políticas del oficialismo en materia de derechos humanos. En este contexto de creciente conflictividad social, la CGT evalúa convocar a un paro nacional antes del 10 de abril.

Por su parte, los movimientos sociales de la UTEP confirmaron su participación y anticiparon que acompañarán todas las movilizaciones de los jubilados “hasta que su problema tenga una resolución”. En tanto, los partidos de izquierda movilizarán con una columna propia y denunciaron maniobras de los servicios de inteligencia para criminalizar su participación en las protestas.

A medida que se acerca la nueva marcha, la tensión entre el gobierno y los sectores movilizados sigue en aumento. La respuesta del Ejecutivo, en un contexto de endurecimiento represivo, será clave para definir el curso de los próximos conflictos.