La Asociación Judicial Bonaerense denunció que el Gobierno Nacional presiona a la jueza Karina Andrade para condicionar sus fallos. En un comunicado, advirtieron sobre un intento de vulnerar la independencia judicial en medio de la represión a la protesta de jubilados.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunció las presiones y amenazas del Gobierno Nacional contra la jueza porteña Karina Andrade, en lo que calificaron como un grave intento de condicionar sus fallos para alinearlos con los intereses del oficialismo. Según el comunicado emitido por el gremio, estas maniobras representan una amenaza directa contra la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho.
Desde la AJB advirtieron que la magistrada ha garantizado el respeto de los derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Sin embargo, el Ejecutivo de Javier Milei habría desplegado acciones coercitivas para forzarla a dictar resoluciones contrarias a estos principios.
La denuncia se da en el marco de la feroz represión del pasado miércoles contra la movilización en apoyo a los jubilados, que dejó un saldo de más de 130 detenidos, 650 heridos y múltiples denuncias por violencia policial. "Se están registrando abusos de poder y violaciones a derechos fundamentales", señalaron desde el gremio judicial.
Para la AJB, los intentos de presión sobre el Poder Judicial evidencian un acelerado deterioro de la institucionalidad democrática. "La independencia judicial no es negociable ni puede ser vulnerada por intereses partidarios o gubernamentales", afirmaron, al tiempo que exigieron el cese inmediato de las presiones contra la jueza Andrade y una respuesta institucional frente a estos hechos.
La escalada de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el ámbito judicial suma un nuevo capítulo en un contexto de creciente conflictividad social y política. Mientras el Gobierno refuerza su ofensiva contra jueces y fiscales que no responden a su línea política, organismos de derechos humanos y sectores de la Justicia alertan sobre los riesgos para la democracia.