Karina Andrade, titular del Juzgado Contravencional Nº 15, respondió a los ataques del gobierno de Milei tras liberar a 114 detenidos durante la marcha de jubilados. Reafirmó que su decisión se basó en la Constitución Nacional.

La jueza Karina Andrade salió al cruce de las críticas del gobierno nacional luego de que su fallo, que ordenó la liberación de 114 detenidos durante la movilización del miércoles en apoyo a los jubilados, fuera cuestionado duramente por funcionarios como Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona. En una entrevista con Urbana Play, la magistrada defendió su decisión y recordó que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta.

“Mi sentencia dejó claro cuál es el A-B-C de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución Nacional”, afirmó Andrade, quien explicó que su fallo se basó en dos criterios fundamentales: la priorización del derecho a la protesta y la falta de información básica sobre las detenciones.

Andrade detalló que las fuerzas de seguridad no cumplieron con los requisitos mínimos para justificar las detenciones. “Hasta las diez de la noche yo tenía 14 detenidos, y luego llegaron muchos más sin explicaciones claras”, señaló. La magistrada explicó que no recibió actas con los nombres, DNIs, lugares de detención o los oficiales involucrados, información esencial para validar las privaciones de libertad.

“Lo único que hice fue controlar los requisitos de detención en un contexto de ponderación de derechos. Nuestra Constitución contempla la protesta; es más, dice que debe garantizarse”, afirmó. Además, aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados si existen indicios de delitos.

La jueza también se refirió a los ataques que recibió por parte del gobierno nacional, en particular del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien amenazó con llevarla ante el Consejo de la Magistratura para promover su remoción. “Ese tipo de cosas se hacen cuando uno está en contra de una resolución”, dijo Andrade, y consideró que estas críticas “desprestigian al Consejo de la Magistratura”, el organismo encargado de designar a los jueces.

“Podría responder eso, pero no lo quiero personalizar”, agregó la magistrada, quien prefirió destacar su trayectoria y compromiso con la justicia. “Si se quiere saber de mí, está mi audiencia pública subida. Allí expliqué toda mi trayectoria y de dónde vengo; soy una persona técnica más allá de los lugares que ocupé en el Poder Judicial”, afirmó.

Andrade recordó que su fallo no solo se basó en la falta de información, sino también en la importancia de garantizar el derecho a la protesta, un pilar fundamental de la democracia. “Nuestra Constitución contempla la protesta; es más, dice que debe garantizarse”, reiteró.

La magistrada también señaló que es responsabilidad de los jueces tomar decisiones rápidas y fundamentadas, especialmente en contextos donde están en juego derechos constitucionales. “Se tiene que entender que es una obligación de los jueces tomar decisiones, así como también resolver con los elementos que tenemos”, afirmó.

La decisión de Andrade no solo liberó a 114 personas, sino que también sentó un precedente en la defensa del derecho a la protesta y en la exigencia de transparencia en las detenciones. En un contexto donde la represión y la estigmatización de las movilizaciones sociales son moneda corriente, su fallo representa un llamado de atención a las fuerzas de seguridad y al propio gobierno.

Mientras tanto, la jueza sigue firme en su postura: “Mi deber es garantizar los derechos constitucionales, y eso es lo que hice”.