A pesar de los apagones y las quejas, el Gobierno de Milei autorizó los aumentos en las tarifas de electricidad, que afectan principalmente a los hogares de ingresos medios y bajos.

El Gobierno nacional, a través de las resoluciones 160 y 162/2025, aprobó este viernes el aumento de las tarifas de luz solicitadas por las distribuidoras Edenor y Edesur. Con esta medida, las autoridades ratifican su postura de reducir los subsidios a los sectores de ingresos medios y bajos, pese al creciente malestar social por la crisis energética que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde el 1° de marzo, las tarifas de luz registraron un aumento en todo el AMBA, con un impacto directo sobre las familias más vulnerables. Las resoluciones firmadas por el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Osvaldo Rolando, enmarcan estos incrementos dentro del Proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que pretenden garantizar la rentabilidad de las empresas distribuidoras y financiar los planes de inversión del sector eléctrico.

Sin embargo, el ajuste tarifario ha generado una ola de críticas, ya que, a pesar de que el Gobierno justifica estos aumentos señalando que las tarifas en Argentina están por debajo del promedio de los países vecinos, los usuarios de niveles de ingresos bajos y medios se verán gravemente afectados. De acuerdo con las nuevas tarifas, los usuarios de ingresos altos tendrán un aumento del 1,7% en sus facturas, mientras que los hogares más vulnerables sufrirán incrementos aún mayores debido a la reducción de los subsidios que reciben.

Este ajuste llega en un momento crítico, cuando los apagones masivos continúan afectando a millas de personas. Durante la última ola de calor, más de 600.000 usuarios quedaron sin electricidad, exponiendo las deficiencias del sistema de distribución y la falta de inversión en infraestructura. A pesar de la crisis energética, el Gobierno ha mantenido firme su postura en relación con los aumentos, sin sancionar a las distribuidoras por la mala calidad del servicio.

En este contexto, el impacto en las tarifas es aún más doloroso para los sectores más necesitados. Las nuevas tarifas incluyen una clara transferencia de costos hacia los hogares de ingresos más bajos, quienes además de enfrentar el aumento, deben lidiar con la precariedad de un servicio que no garantiza una provisión continua y segura de energía.

El ajuste propuesto por las distribuidoras se justifica bajo el argumento de que el costo de la energía en Argentina sigue siendo más bajo que en países como Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Sin embargo, la realidad es que, en medio de una crisis económica y social, el incremento de las tarifas de electricidad no solo afecta el bolsillo de los argentinos, sino que también refleja la falta de una verdadera política energética que priorice el bienestar de la población.

En resumen, el aumento de las tarifas de luz es una nueva medida que profundiza la desigualdad en el país, incrementando la carga económica sobre los sectores más vulnerables, mientras que las distribuidoras siguen sin enfrentar las sanciones por los problemas estructurales del sistema energético. El Gobierno parece priorizar la estabilidad del mercado eléctrico en lugar de la calidad del servicio y el bienestar de los ciudadanos.