El Gobierno planea usar un decreto de necesidad y urgencia para reendudar al país y garantizar el acuerdo con el FMI. Mientras el oficialismo habla de “urgencia”, los sectores populares se preguntan: ¿quién pagará esta vez la factura?

El Gobierno de Javier Milei ha decidido apelar a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una maniobra que, lejos de resolver los problemas estructurales de la economía argentina, podría profundizar el ciclo de endeudamiento y ajuste que ya conocemos demasiado bien. Según el oficialismo, la medida permitirá al Tesoro Nacional cancelar deuda con el Banco Central, reduciendo así el total de la deuda pública. Pero detrás de este tecnicismo financiero, se esconde una realidad incómoda: Argentina volverá a endeudarse para pagar deudas, en un círculo vicioso que siempre termina recayendo sobre los sectores populares.

La historia argentina está plagada de acuerdos con el FMI, y todos tienen un denominador común: más pobreza, más desigualdad y más concentración de la riqueza. Desde la crisis de 2001 hasta el megapréstamo de Mauricio Macri en 2018, cada vez que el FMI apareció en escena, los resultados fueron catastróficos para la mayoría de los argentinos. Milei, sin embargo, parece dispuesto a repetir la fórmula, aunque esta vez con un agregado: la urgencia de un DNU que evite el debate democrático y imponga una medida que podría tener consecuencias devastadoras.

El Gobierno insiste en que “no hay nada más urgente que terminar con la inflación”, pero no explica cómo este nuevo endeudamiento beneficiará a los trabajadores, los jubilados o los pequeños productores. Por el contrario, todo indica que el ajuste recaerá, una vez más, sobre los mismos de siempre: los sectores populares, que ya enfrentan una inflación galopante, salarios que no alcanzan y un consumo interno en caída libre.

La decisión de apelar a un DNU, en lugar de buscar consensos en el Congreso, no hace más que confirmar la lógica antipolítica del oficialismo. El mismo Gobierno que desprecia las instituciones y descalifica a los legisladores ahora les pide que avalen un decreto que podría redefinir el futuro económico del país. ¿Es este el “mandato de las urnas” que los argentinos votaron? ¿O será que, una vez más, se impone la lógica del ajuste sobre las necesidades de la mayoría?

Mientras Milei habla de “estabilidad monetaria” y “desinflación”, los indicadores sociales muestran una tendencia preocupante. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo y el deterioro del mercado interno son señales de que el ajuste ya está impactando en la vida cotidiana de millones de argentinos. ¿Quién se beneficia con este acuerdo? No son los trabajadores, ni los jubilados, ni los pequeños productores. Son, una vez más, los mercados y los acreedores internacionales, esos mismos que festejan cada ajuste como una victoria.