Con la desregulación del servicio postal, se abre la incertidumbre sobre el papel del Correo Argentino en las elecciones nacionales. La medida del Gobierno plantea dudas sobre la logística electoral y el futuro de una empresa estatal clave.

El Gobierno nacional oficializó la desregulación del servicio postal a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, abre la puerta a la competencia privada y plantea interrogantes sobre el futuro de Correo Argentino, una empresa que ha sido pieza clave en la organización de las elecciones nacionales.
A pesar de que el decreto establece que el Gobierno garantizará un operador postal en todo el territorio, las dudas sobre la participación del Correo Argentino en los comicios persisten. La empresa estatal ha sido responsable del traslado de urnas, materiales electorales y la organización de los telegramas con los resultados, tareas que representan el 70% de los costos de cada elección. Con los recientes despidos y la reestructuración del servicio postal, los jueces electorales ya alertan sobre posibles complicaciones en el proceso electoral si el Correo pierde su exclusividad en las elecciones.
El decreto menciona que el Correo Argentino continuará a cargo del "Servicio Electoral Nacional", pero no aclara si esta responsabilidad seguirá siendo exclusiva. La medida, que busca generar competencia y mejorar la digitalización y seguridad en el servicio postal, deja abierta la posibilidad de que otros operadores se hagan cargo de funciones clave en los comicios.
En paralelo, el vaciamiento y la quiebra del Correo Argentino, investigados en el marco de la gestión del PRO, suman un elemento de incertidumbre adicional. La Corte Suprema aún no se expidió sobre el caso, lo que deja en el aire las consecuencias legales y políticas de las maniobras de la empresa para licuar su deuda.
Los sindicatos, por su parte, denuncian que la desregulación pone en riesgo no solo miles de puestos de trabajo, sino también la calidad de un servicio esencial para la conectividad y la organización del país. Para la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), la privatización del Correo no es la solución, y advierten que la medida podría afectar tanto a los trabajadores como a los ciudadanos.
La desregulación del Correo se enmarca en un proceso más amplio de privatización de empresas del Estado, con implicancias que van más allá de la gestión de servicios y apuntan a un modelo económico que favorece la apertura y desprotección de lo público. A medida que se avanza en la privatización de servicios esenciales, el futuro de las elecciones nacionales parece cada vez más incierto.