A 70 años de los hechos que Rodolfo Walsh inmortalizó en Operación Masacre, un fallo histórico responsabilizó al Estado argentino por los asesinatos y ordenó medidas de reparación para las víctimas y sus familias.

Setenta años después de una de las páginas más oscuras de la historia argentina, la Justicia Federal de San Martín reconoció como delitos de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez perpetrados en junio de 1956 por la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas. La sentencia constituye un hecho histórico no sólo porque establece la responsabilidad del Estado en la planificación y ejecución de los crímenes, sino también porque ordena una serie de medidas de reparación y memoria destinadas a restituir la dignidad de las víctimas y preservar la verdad histórica.

Los hechos ocurrieron tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la autodenominada Revolución Libertadora. Durante la madrugada del 10 de junio de 1956, efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad de Florida, detuvieron a doce personas y las trasladaron inicialmente a la comisaría de San Martín. Horas más tarde fueron llevadas a un descampado en los basurales de José León Suárez, donde se ejecutó un fusilamiento clandestino. Cinco de ellas fueron asesinadas y siete lograron sobrevivir. Aquella masacre fue reconstruida años después por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en *Operación Masacre*, una obra fundamental del periodismo de investigación argentino.

La sentencia dictada en el expediente 41.041 tuvo por acreditado que los hechos fueron ejecutados en cumplimiento de órdenes impartidas por las máximas autoridades del régimen militar. La magistrada encuadró los crímenes como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía, estableciendo además la responsabilidad penal que hubiera correspondido tanto a Aramburu y Rojas como a los funcionarios policiales que participaron directamente del operativo, entre ellos el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno. Aunque todos los responsables fallecieron hace décadas, el fallo determinó que la pena aplicable habría sido la prisión perpetua.

Entre las víctimas fatales se encontraban Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Sobrevivieron Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta. El testimonio de Livraga, quien actualmente reside en Estados Unidos y tiene 96 años, resultó una pieza central durante el denominado Juicio por la Verdad que permitió reconstruir judicialmente lo ocurrido aquella noche.

La resolución también incorpora un amplio conjunto de medidas reparatorias. Entre ellas se dispone la rehabilitación del buen nombre y honor de todas las víctimas, la publicación de la sentencia en organismos oficiales nacionales y bonaerenses, la incorporación de estos hechos a los contenidos educativos, la instalación de placas recordatorias en los lugares vinculados a los fusilamientos y la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez. Asimismo, ordena incorporar a todas las víctimas al registro oficial de personas afectadas por la violencia institucional del Estado argentino.

Durante las audiencias desarrolladas en el Auditorio Hugo del Carril participó el Equipo de Acompañamiento “Dra. Silvia Bleichmar” de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que brindó asistencia a familiares que, por primera vez, pudieron declarar en una instancia judicial sobre los hechos ocurridos hace siete décadas. Para muchos de ellos, la sentencia representa el cierre de una larga búsqueda de reconocimiento y justicia.

Los fundamentos completos del fallo se conocerán el próximo 16 de julio. Sin embargo, la decisión judicial ya marca un precedente trascendente para la memoria colectiva argentina. Al reconocer estos crímenes como delitos de lesa humanidad, la Justicia no sólo repara una deuda histórica con las víctimas y sus familias, sino que reafirma el valor de la memoria, la verdad y la justicia como pilares esenciales de la democracia y de la lucha contra la impunidad.