La ley de sociedades automatizadas, el proyecto que impulsa Sturzenegger en el congreso, habilita compañías operadas íntegramente por IA.

El pasado 29 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo nacional —a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado conducido por Federico Sturzenegger— ingresó al Senado el proyecto de ley bajo el expediente 193/26, con el objetivo de habilitar en Argentina la creación de "sociedades automatizadas". Esta figura jurídica inédita permitiría registrar empresas operadas enteramente por agentes de Inteligencia Artificial y sistemas algorítmicos, prescindiendo por completo de empleados humanos.

Si bien el oficialismo defiende la iniciativa argumentando que busca atraer inversiones extranjeras y preparar al país para un escenario global de alta productividad, la propuesta abre un severo debate ético sobre el empleo y el riesgo de una profunda deshumanización en las relaciones comunitarias.

El problema es que el proyecto pretende implantarse sobre una estructura social resentida que ya es profundamente injusta. El tejido socioeconómico argentino se sostiene sobre un sistema invisible de desigualdad de género donde las tareas de cuidado —la atención a las infancias, la vejez, la salud y la gestión del hogar— recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. Tiene sentido pensar sobre esto aun sabiendo que no todas las empresas —probablemente ni siquiera la mayoría— vayan a reconvertirse en dark factories, esas plantas físicas completamente automatizadas que operan en la penumbra porque ya no necesitan presencia humana. El fenómeno real será sin duda más gradual y sectorial. Pero alcanza con que una porción creciente de la actividad económica empiece a transitar ese camino para que el impacto sobre el empleo, y en consecuencia sobre el cuidado, deje de ser una hipótesis lejana y se convierta en una variable a regular desde ya.

De acuerdo con el informe "Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto" (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2021), este trabajo no remunerado representa el 15,9% del PIB nacional, constituyendo el sector de mayor aporte a la economía, por encima de la industria (13,2%) y el comercio (13%). Las métricas de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021, INDEC) confirman la crudeza de esta brecha: en el trabajo doméstico, las mujeres dedican en promedio 4 horas y 6 minutos diarios, frente a 2 horas y 38 minutos de los varones. A su vez, el 91,7% de las mujeres realiza trabajo doméstico, de cuidado o de apoyo a otros hogares, contra el 75,1% de los varones.

¿Será por eso que se romantiza el trabajo doméstico bajo la figura de la trad wife? La estética que viene ganando terreno en redes sociales —mujeres jóvenes presentando la dedicación full-time al hogar como un ideal de vida deseable y hasta aspiracional— no es un fenómeno aislado de moda. Funciona como el relato cultural que necesita este modelo económico: si la automatización va a devolver las tareas de cuidado al living de cada casa, conviene que alguien le ponga un filtro estético y un discurso de "elección personal" antes de que se note que, en el fondo, es la misma vieja desigualdad con otro nombre.
La implantación brusca de empresas sin humanos en este tejido amenaza con transformar esta desigualdad histórica en una crisis terminal.

La automatización masiva de puestos de trabajo genera un mecanismo de desempleo estructural que destruye de forma directa los ingresos familiares en los sectores más vulnerables. Como la necesidad de alimentación, limpieza y soporte a personas dependientes no desaparece mágicamente con la tecnología, estas tareas se retraen al interior de las casas, recargando los cuerpos de quienes históricamente han absorbido las crisis domésticas.

Con esto se consolida una insalvable brecha de género en la reconversión laboral que exige el nuevo paradigma tecnológico. Las posiciones emergentes en torno a la economía digital demandan habilidades hiperespecializadas y una flexibilidad horaria absoluta. Sin embargo, las mujeres confinadas al ámbito doméstico carecen del "capital temporal" indispensable para capacitarse, reentrenarse o postular a estos nuevos empleos. El resultado de esta dinámica es una doble exclusión: las mujeres quedan completamente segregadas de las oportunidades de la nueva economía por falta de redes de contención públicas y, al mismo tiempo, quedan atrapadas sosteniendo el amortiguamiento de un hogar precarizado, lo que termina por truncar sus propias trayectorias educativas y profesionales.

Finalmente, este proceso se corona con la precarización de los servicios públicos. Esa precarización está arrastrada por la misma matriz ideológica que impulsa la ley: la premisa de que la eficiencia fiscal y algorítmica está por encima del bienestar social. Cuando el Estado adopta la lógica corporativa de la optimización y el recorte de costos, la infraestructura pública de salud y educación tiende a ajustarse, transfiriendo sus responsabilidades directamente a las familias.

El costado más alarmante de esta transferencia impacta en las infancias de los sectores populares. Según el informe "Adolescentes que cuidan: un trabajo invisible que moldea el presente y condiciona el futuro" (UNICEF y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA), casi 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años realizan tareas de cuidado y trabajo doméstico no pago en el país, una situación que compromete su rendimiento escolar y sus posibilidades de desarrollo. Este trabajo invisible en la juventud tiene un sesgo de género implacable: mientras los varones destinan un promedio de 3 horas diarias a estas responsabilidades, las adolescentes mujeres dedican más de 4 horas, lo que representa un 44% más de tiempo. Al asumir el cuidado de sus hermanos o abuelos por la falta de vacantes públicas o recursos económicos, las jóvenes sufren el deterioro de su rendimiento escolar, registran mayores niveles de inasistencia y ven comprometidos sus proyectos de vida. Sin una regulación legislativa que entienda que el verdadero trabajo estratégico del futuro no es solo la programación algorítmica sino el sostenimiento de la vida humana, la innovación tecnológica terminará siendo, una vez más, la fachada de una profunda injusticia social.

Incluso si se acepta la premisa económica de que la automatización reduce los costos de producción y abarata los bienes de consumo de toda la población, la pregunta de fondo permanece inalterable: ¿De qué sirve un mercado con productos hiperbaratos si una porción creciente de la sociedad carece de ingresos para adquirirlos porque fue desplazada del sistema salarial?

¿Cuál es el destino que imagina el gobierno de Milei y Sturzenegger para la clase trabajadora? La pregunta excede al cuidado y a las mujeres que hoy lo sostienen: interpela a toda la estructura social pensada en torno al empleo como vía de subsistencia y de integración. Cuando el mercado deja de necesitar humanos, no alcanza con prometer reconversión o nuevas habilidades; hace falta una discusión sobre qué sostiene a una sociedad cuando el trabajo, como se lo conoció hasta ahora, deja de ser garantía de dignidad.