El organismo pidió garantizar el diálogo social antes de avanzar con una reforma del sistema de trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) volvió a cuestionar la política laboral del gobierno de Javier Milei al reclamar el fortalecimiento de los organismos de inspección del trabajo y exigir que cualquier reforma laboral sea discutida con las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores. La resolución fue aprobada durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra, donde la Comisión de Aplicación de Normas analizó la situación de la administración laboral argentina.

El organismo expresó su preocupación por la reducción de recursos humanos, operativos y financieros destinados a las tareas de fiscalización y pidió al Estado adoptar medidas para garantizar un sistema de inspección eficaz, con capacidad para controlar el cumplimiento de la legislación laboral en todo el país. También instó a fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales y ofreció asistencia técnica para avanzar en ese proceso.

Entre las conclusiones, la OIT estableció que antes de septiembre de 2026 el Gobierno deberá asegurar que cualquier iniciativa de reforma laboral sea sometida a consultas sustantivas con sindicatos y empleadores. Además, solicitó un informe detallado sobre la cantidad y distribución de inspectores, los recursos disponibles y las medidas implementadas para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de los convenios internacionales ratificados por la Argentina.

La Confederación General del Trabajo celebró el pronunciamiento y sostuvo que la resolución confirma las denuncias presentadas por la central obrera ante los órganos de control de la OIT sobre el deterioro de la administración del trabajo y el debilitamiento de los mecanismos estatales de fiscalización.

En un comunicado difundido por su Consejo Directivo Nacional, la CGT afirmó que la defensa de la negociación colectiva, la libertad sindical y una presencia activa del Estado en las relaciones laborales constituye una condición indispensable para garantizar derechos y promover un modelo de desarrollo con justicia social. Según la central sindical, las conclusiones del organismo internacional ratifican la necesidad de preservar instituciones capaces de proteger a las trabajadoras y los trabajadores frente a los cambios que impulsa el Gobierno nacional.