Durante una jornada en General Rodríguez, autoridades académicas cuestionaron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas volvió a quedar expuesta durante una jornada realizada en General Rodríguez, donde autoridades académicas advirtieron que el incumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario agrava la crisis del sector, deteriora los salarios de docentes y no docentes y compromete el acceso de miles de estudiantes a la educación superior. Los expositores señalaron que la falta de actualización de las partidas presupuestarias amenaza el normal funcionamiento de las casas de estudio y afecta actividades esenciales vinculadas a la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.

Las advertencias fueron formuladas en el marco del ciclo de charlas impulsado por el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez bajo la consigna “Desfinanciamiento de las Universidades Públicas y el impacto que esto tiene en las y los trabajadores”. El encuentro reunió a representantes de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad Nacional de Luján, quienes analizaron las consecuencias del ajuste sobre el sistema universitario y el impacto que esa política tiene sobre las comunidades donde las instituciones desarrollan sus actividades.

Durante las exposiciones se destacó que la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional, establece mecanismos destinados a garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y para la recomposición salarial del personal docente y no docente. La norma también contempla actualizaciones presupuestarias atadas a la evolución de la inflación con el objetivo de evitar el deterioro de los fondos asignados al sector. Sin embargo, su aplicación continúa envuelta en una disputa judicial mientras las universidades enfrentan crecientes dificultades para sostener sus actividades cotidianas.

Los representantes universitarios remarcaron además que la legislación prevé la recuperación y fortalecimiento de programas de becas fundamentales para garantizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. Entre ellos se encuentran Progresar, las Becas de Carreras Estratégicas y las Becas de Enfermería, herramientas que históricamente permitieron ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes provenientes de sectores populares y trabajadores.

De la actividad participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Silvia Figueiras; Martín Etcheverry, director decano del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Moreno; Florencia Gosparini, secretaria de Presupuesto y Administración de esa misma casa de estudios; y María Fabiana Carlis, directora vicedecana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Los expositores coincidieron en señalar que la universidad pública constituye una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, la generación de conocimiento y la movilidad social ascendente.

La jornada concluyó con un intercambio sobre el papel que cumplen las universidades en la vida económica, social y cultural de sus territorios. En ese marco, los participantes sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario excede el ámbito académico y forma parte de un debate más amplio sobre el modelo de país, el derecho a la educación y las oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones.