Hugo Yasky, Santiago Cafiero y Juan Marino presentaron un proyecto para interpelar al canciller Pablo Quirno y reclamar información sobre la situación de Paula Giménez y Lucas Aguilera, detenidos mientras participaban de una misión humanitaria con destino a Gaza.

La preocupación por el destino de dos ciudadanos argentinos desaparecidos en Libia llegó al Congreso de la Nación. Los diputados Hugo Yasky, Santiago Cafiero y Juan Marino presentaron un proyecto de resolución para citar al canciller Pablo Quirno a la Cámara de Diputados y exigir explicaciones sobre las acciones realizadas por el Gobierno nacional ante la detención de María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, integrantes de una misión humanitaria internacional que se dirigía hacia Gaza.

Según consta en la iniciativa parlamentaria, ambos fueron detenidos el 24 de mayo por fuerzas militares que responden al mariscal Jalifa Haftar en el este de Libia, cerca de la ciudad de Sirte. Giménez, psicóloga de 42 años, y Aguilera, médico veterinario de 49, integraban el convoy humanitario Global Sumud Maghreb y además se desempeñan como directores de investigación del medio NODAL. Desde el momento de la detención no se registraron comunicaciones directas con ellos y, de acuerdo con los legisladores, no existe información oficial verificable sobre su paradero, estado de salud o condiciones de detención.

El proyecto sostiene que la situación reviste una gravedad excepcional porque involucra a ciudadanos argentinos que participaban de una misión civil y pacífica destinada a transportar medicamentos, alimentos, módulos habitacionales y asistencia sanitaria para la población palestina. La detención ocurrió cuando un grupo de voluntarios intentaba negociar el paso del convoy a través de un puesto de control militar. Desde entonces, familiares, organizaciones de derechos humanos y entidades vinculadas a la solidaridad internacional vienen reclamando respuestas y gestiones concretas para lograr su liberación.

Los autores de la iniciativa cuestionan la actuación del Poder Ejecutivo y afirman que, hasta el momento, no se conocen medidas diplomáticas visibles ni verificables orientadas a establecer el paradero de los detenidos. En los fundamentos del proyecto remarcan que el Estado argentino tiene obligaciones específicas derivadas de tratados internacionales, entre ellos la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que garantiza la asistencia y protección de los nacionales detenidos en el exterior. También mencionan normas del derecho internacional humanitario que protegen al personal civil y a las misiones de ayuda en zonas de conflicto.

La propuesta parlamentaria busca que el canciller informe cuándo tomó conocimiento del caso, qué acciones se realizaron durante las primeras horas posteriores a la detención y cuáles fueron las gestiones efectuadas ante las distintas autoridades libias y organismos internacionales. Los diputados también reclaman precisiones sobre la posibilidad de establecer contacto consular con los argentinos detenidos, eventuales presentaciones ante Naciones Unidas y los planes del Gobierno para lograr su liberación y repatriación.

El proyecto enmarca además el episodio dentro del contexto regional atravesado por la guerra en Gaza y las crecientes dificultades que enfrentan las organizaciones humanitarias para asistir a la población civil palestina. Los legisladores sostienen que la detención de integrantes de un convoy de ayuda no puede analizarse de manera aislada y advierten que forma parte de un escenario más amplio de restricciones al acceso humanitario en la región.

En ese marco, la iniciativa plantea que el Congreso tiene la responsabilidad institucional de ejercer control sobre las acciones del Poder Ejecutivo y garantizar que el Estado despliegue todos los recursos diplomáticos disponibles para proteger a sus ciudadanos. “La vida, la libertad y la integridad física de dos argentinos están en juego”, sostienen los autores del proyecto, quienes reclamaron el acompañamiento de las distintas bancadas para avanzar con la interpelación y exigir respuestas oficiales sobre un caso que genera creciente preocupación tanto en el país como en organizaciones internacionales vinculadas a los derechos humanos y la cooperación humanitaria.