La iniciativa fue presentada en la Legislatura porteña y propone crear un programa de desendeudamiento con créditos sociales subsidiados, quitas de intereses y acompañamiento integral para familias atrapadas por las deudas.

El legislador porteño Alejandro Salvatierra presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para crear el Programa de Desendeudamiento Popular, una iniciativa que busca dar respuesta a uno de los fenómenos sociales más extendidos de los últimos años: el crecimiento del endeudamiento de familias trabajadoras, jubilados, pequeños comerciantes y sectores populares que recurren al crédito para cubrir necesidades básicas. La propuesta plantea la intervención del Estado porteño para reemplazar deudas privadas por financiamiento social con tasas subsidiadas y condiciones accesibles.

Durante la presentación, Salvatierra sostuvo que el problema del endeudamiento dejó de ser una cuestión individual para transformarse en una consecuencia directa del modelo económico vigente. Según explicó, miles de familias se ven obligadas a recurrir a tarjetas de crédito, billeteras virtuales, financieras e incluso prestamistas informales para afrontar gastos cotidianos vinculados a la alimentación, medicamentos, alquileres y servicios. En ese marco, afirmó que la recuperación económica requiere no solo recomponer ingresos y salarios, sino también aliviar la carga financiera que hoy condiciona la vida de amplios sectores de la población.

La actividad reunió a especialistas, dirigentes sociales y referentes comunitarios que coincidieron en señalar que el sobreendeudamiento se convirtió en un fenómeno estructural. La socióloga Lucía Cavallero advirtió que gran parte de las deudas que asumen las familias tienen como finalidad cubrir necesidades básicas que antes eran garantizadas por políticas públicas. En particular, destacó el impacto que esta situación tiene sobre las mujeres que sostienen tareas comunitarias en los barrios populares y que muchas veces cargan con múltiples responsabilidades laborales y de cuidado.

Desde una mirada territorial, la referente de La Poderosa, La Negra Albornoz, describió cómo el endeudamiento atraviesa la vida cotidiana en las barriadas populares. Explicó que muchas familias trabajan únicamente para resolver las necesidades inmediatas del día y que, frente a la falta de ingresos suficientes, terminan dependiendo de créditos informales que generan nuevas situaciones de vulnerabilidad. Según relató, en numerosos casos las deudas derivan en mecanismos de presión que profundizan la exclusión social y favorecen el crecimiento de economías ilegales en los barrios.

Por su parte, la economista Mercedes D'Alessandro señaló que el sistema financiero ha encontrado una fuente de rentabilidad en la necesidad de los sectores más golpeados por la crisis económica. En esa línea, sostuvo que los elevados niveles de endeudamiento familiar no desaparecen detrás de los indicadores macroeconómicos, sino que se trasladan a la vida cotidiana de millones de personas que deben destinar una parte creciente de sus ingresos al pago de cuotas, intereses y refinanciaciones.

El proyecto establece que el Gobierno de la Ciudad pueda negociar directamente con bancos, billeteras virtuales y entidades financieras para cancelar deudas preexistentes mediante un esquema de crédito social. Entre los principales instrumentos previstos figuran créditos no bancarios con tasas subsidiadas, seis meses de gracia antes del inicio de los pagos, cuotas fijas, prohibición de exigir garantías excesivas, mecanismos de refinanciación y asistencia integral para quienes atraviesen situaciones de endeudamiento crítico.

La propuesta también incorpora acompañamiento psicológico, formación financiera y dispositivos comunitarios destinados a abordar las consecuencias sociales y emocionales que genera el sobreendeudamiento. Asimismo, contempla herramientas específicas para intervenir en situaciones vinculadas a deudas informales y prevé la elaboración de estadísticas públicas que permitan dimensionar el fenómeno en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los sectores priorizados aparecen beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, jubilados que perciben haberes mínimos, trabajadoras de casas particulares, personas travestis y trans, jóvenes, personas con discapacidad, habitantes de barrios populares, trabajadores de la economía popular y pequeños comerciantes. El financiamiento del programa se realizaría a través de la ampliación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social, incorporando aportes de las propias entidades financieras bajo un criterio de corresponsabilidad frente a los procesos de sobreendeudamiento.

La iniciativa busca abrir un debate sobre el papel del sistema financiero en un contexto de deterioro de los ingresos y creciente precarización laboral. Para sus impulsores, el endeudamiento masivo ya no constituye un problema privado sino una cuestión social que requiere respuestas públicas capaces de aliviar la situación de miles de familias que hoy sostienen su subsistencia recurriendo al crédito para llegar a fin de mes.