La central obrera cuestionó los decretos dictados por el Gobierno nacional para implementar aspectos de la reforma laboral y advirtió que constituyen una intromisión en la autonomía de las organizaciones gremiales y un avance sobre facultades del Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó este lunes su “más enérgico rechazo” a la reciente reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y denunció que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo avanzan sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en la Argentina. A través de un comunicado titulado “La libertad sindical no se reglamenta por decreto”, la central obrera advirtió sobre las consecuencias que podrían tener las nuevas disposiciones para la organización de los trabajadores y el funcionamiento de los sindicatos.

En el documento difundido por su Consejo Directivo Nacional, la CGT sostuvo que resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa cuyas disposiciones continúan siendo objeto de cuestionamientos judiciales y debates sobre su constitucionalidad. Para la central sindical, lejos de limitarse a reglamentar leyes vigentes, el Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación, afectando el principio de división de poderes que estructura el sistema democrático argentino.

La conducción cegetista también denunció que, bajo la apariencia de una reglamentación administrativa, el Gobierno introduce modificaciones que alteran el espíritu y el alcance de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. Según planteó, se incorporan disposiciones que modifican aspectos sustanciales de la legislación vigente sin pasar por el debate parlamentario, una práctica que consideran incompatible con el funcionamiento institucional previsto por la Constitución Nacional.

Uno de los puntos centrales de la crítica sindical apunta a la autonomía de las organizaciones gremiales. La CGT afirmó que las nuevas medidas representan una intromisión directa en la vida interna de los sindicatos y afectan principios fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, remarcó que la libre organización sindical y el derecho de los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sometidos a decisiones administrativas del gobierno de turno.

El pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión entre la administración libertaria y el movimiento obrero organizado. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la CGT y numerosos sindicatos han cuestionado distintas iniciativas orientadas a modificar las relaciones laborales, denunciando intentos de flexibilización, limitaciones al ejercicio de derechos colectivos y un debilitamiento de los mecanismos de negociación entre trabajadores y empleadores.

Frente a este nuevo escenario de confrontación, la central obrera reafirmó su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos laborales, la negociación colectiva y la libertad sindical. Además, anticipó que continuará actuando en todas las instancias institucionales, políticas y judiciales necesarias para impedir la aplicación de medidas que, a su entender, vulneran conquistas históricas del movimiento de trabajadores argentino y afectan garantías fundamentales protegidas por la legislación nacional e internacional.