El gremio metalúrgico rechazó la intervención ordenada por la Justicia laboral y acusó al gobierno de Javier Milei de impulsar un plan de disciplinamiento contra el movimiento obrero organizado.

La Unión Obrera Metalúrgica se declaró en estado de alerta y movilización luego del fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dispuso la intervención del gremio. En un acto realizado en la sede sindical de la calle Alsina, el secretario general Abel Furlán confirmó que la organización resistirá tanto en la Justicia como en las calles una medida que consideran parte de una avanzada del gobierno de Javier Milei contra las organizaciones sindicales.

Durante un masivo “abrazo solidario” que reunió a dirigentes gremiales, referentes políticos y organizaciones sociales, Furlán denunció que la intervención judicial constituye un ataque directo contra la autonomía sindical y recordó que la UOM sólo había sido intervenida anteriormente durante las dictaduras de 1955 y 1976. “Tuvimos compañeros presos y desaparecidos”, afirmó el dirigente metalúrgico, trazando un duro paralelismo histórico sobre el alcance político de la decisión judicial.

La conducción de la UOM resolvió convertir el próximo 9 de junio en una jornada nacional de protesta y convocó a movilizar al Congreso de la Nación, coincidiendo con el tratamiento en el Senado del pliego para extender la permanencia del juez Víctor Pesino hasta los 80 años. Pesino fue uno de los magistrados que avaló la intervención del sindicato y también ratificó la reforma laboral impulsada por el oficialismo libertario. Desde el gremio sostienen que la continuidad del magistrado representa un “premio político” por sus fallos favorables al Gobierno y a las políticas de flexibilización laboral.

La protesta metalúrgica se inscribe dentro de un escenario de creciente conflictividad entre el Ejecutivo y el movimiento obrero. Para la UOM, la intervención forma parte de una estrategia más amplia orientada a disciplinar sindicatos y debilitar la capacidad de organización de los trabajadores. Furlán vinculó la medida con otras acciones recientes, como la causa judicial impulsada contra delegados del Subte y la multa millonaria aplicada al gremio ferroviario La Fraternidad por adherir a un paro convocado por la Confederación General del Trabajo.

“Claramente hay un plan para disciplinar al movimiento obrero”, sostuvo el dirigente metalúrgico, quien llamó a dejar de lado diferencias internas dentro del sindicalismo para enfrentar una ofensiva que considera transversal contra todos los gremios. La lectura que domina en buena parte del movimiento sindical es que el gobierno libertario busca avanzar no sólo sobre convenios colectivos y derechos laborales, sino también sobre la capacidad política y organizativa de los sindicatos.

El encuentro en la sede de la UOM funcionó además como una demostración de respaldo político y sindical a la conducción metalúrgica. Participaron referentes de peso como Octavio Argüello, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, el diputado y titular de La Bancaria Sergio Palazzo y el secretario general de SUTEBA Roberto Baradel. Durante el acto, Baradel anunció incluso la postergación de una movilización prevista por la CTA para concentrar fuerzas en respaldo a la pelea de los metalúrgicos.

El apoyo también llegó desde el plano político. Tanto el gobernador bonaerense Axel Kicillof como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicaron con Furlán para expresar solidaridad frente a la intervención judicial.

La disputa alrededor de la UOM vuelve a poner en el centro el papel del Poder Judicial en el actual escenario político argentino. Dentro del sindicalismo crece la percepción de que parte de los tribunales laborales comenzaron a funcionar como herramientas de presión política y disciplinamiento social en sintonía con el programa económico del oficialismo. La combinación entre reforma laboral, judicialización de la protesta y sanciones económicas contra sindicatos alimenta un clima de creciente confrontación entre el gobierno libertario y las organizaciones de trabajadores.

De cara al 9 de junio, la conducción metalúrgica buscará ampliar el respaldo institucional dentro de la CGT y convertir la movilización al Congreso en una demostración de fuerza del movimiento obrero frente a lo que consideran un intento de avanzar sobre derechos históricos conquistados durante décadas de lucha sindical.