La fallida reforma agraria impulsada por el oficialismo detonó una crisis multisectorial que unificó a campesinos, sindicatos y transportistas contra un gobierno cada vez más aislado y debilitado.**

Apenas seis meses después de asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira enfrenta una crisis política y social de enorme magnitud que amenaza con desbordar a su gobierno. Las protestas masivas, los bloqueos de rutas y la paralización parcial del país comenzaron luego de la promulgación de la ley 1.720 de reconversión de tierras, una reforma impulsada por el oficialismo bajo el discurso de la “modernización” agraria pero que, en los hechos, habilitaba mecanismos de mercantilización sobre territorios campesinos y comunitarios históricamente protegidos por la Constitución boliviana.

La norma permitía reclasificar pequeñas propiedades rurales como medianas propiedades, abriendo la puerta a que tierras campesinas y comunitarias pudieran ser utilizadas como garantía ante entidades financieras privadas. Para organizaciones campesinas e indígenas, la ley representaba un avance directo del agronegocio y los fondos financieros sobre territorios protegidos, además de un intento de debilitar la inembargabilidad de las Tierras Comunitarias de Origen conquistada tras décadas de lucha social y política en Bolivia.

El conflicto escaló rápidamente porque el gobierno avanzó con la reforma sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, violando principios constitucionales fundamentales del Estado Plurinacional. Lo que el oficialismo presentó como una reforma técnica terminó siendo percibido en amplios sectores populares como un intento de restaurar un modelo de concentración económica y subordinación territorial alineado con los intereses de las élites empresariales y del agronegocio.

La reacción social fue inmediata. Comunidades indígenas, sindicatos campesinos y organizaciones territoriales iniciaron marchas y bloqueos en distintas regiones del occidente boliviano, incluyendo La Paz. La presión obligó finalmente al gobierno a retroceder y derogar la ley apenas semanas después de haber sido promulgada, pero la marcha atrás no logró desactivar el conflicto. Por el contrario, dejó expuesta la debilidad política del Ejecutivo y aceleró la convergencia de otros reclamos sociales que ya venían acumulándose por el deterioro económico y la crisis de abastecimiento.

La Central Obrera Boliviana amplió inmediatamente las protestas denunciando la caída del poder adquisitivo, la inflación y la falta de respuestas frente a la escasez de combustibles. El sindicalismo exige un plan de emergencia económica, aumento salarial y controles sobre los precios de los alimentos básicos, mientras crece el malestar en los sectores populares urbanos afectados por el deterioro de las condiciones de vida.

Al mismo tiempo, el sector transportista paralizó rutas estratégicas denunciando la falta de combustibles y la circulación de hidrocarburos contaminados que dejaron miles de vehículos inutilizados. La combinación entre protestas agrarias y paro del transporte comenzó a generar problemas de abastecimiento en distintas ciudades bolivianas, profundizando un clima de creciente tensión social y política.

La velocidad con la que se deterioró la autoridad presidencial refleja la fragilidad estructural del proyecto político de Rodrigo Paz. Con un programa económico de orientación ultraliberal y una estrategia de gobierno apoyada en sectores empresariales y financieros, el oficialismo quedó rápidamente desconectado de las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas que históricamente funcionan como actores centrales de la vida política boliviana.

A diferencia del modelo construido durante casi dos décadas por el Movimiento al Socialismo, donde movimientos sociales y organizaciones territoriales tenían participación directa en la estructura estatal, el gobierno de Paz optó por marginar a esos actores y reducir su interlocución política. Esa exclusión terminó empujando nuevamente el conflicto hacia las calles y las rutas, el terreno histórico donde en Bolivia se dirimen las crisis de poder.

El escenario actual revive inevitablemente los fantasmas de las grandes rebeliones populares que entre 2000 y 2005 derribaron gobiernos neoliberales durante las llamadas “guerras del agua” y “del gas”. Como en aquellos años, distintos reclamos sectoriales terminaron articulándose alrededor de un malestar social más profundo frente al deterioro económico, la pérdida de representación política y el avance de proyectos económicos ligados a intereses corporativos.

En paralelo, el gobierno boliviano decidió internacionalizar el conflicto. El canciller Fernando Aramayo solicitó asistencia de la Organización de los Estados Americanos, una decisión que encendió fuertes cuestionamientos en sectores populares que todavía recuerdan el papel desempeñado por el organismo durante la crisis de 2019 que derivó en la salida forzada de Evo Morales. La OEA continúa siendo vista por amplios sectores bolivianos como un actor alineado con los intereses de Estados Unidos y con las derechas regionales.

En ese mismo marco político fue interpretado el envío de ayuda alimentaria realizado por el gobierno de Javier Milei. Para amplios sectores movilizados, el gesto excede el plano humanitario y forma parte de un alineamiento regional entre gobiernos conservadores que buscan sostener políticamente a una administración cada vez más debilitada frente a la presión social.

La crisis boliviana vuelve a demostrar que en América Latina los proyectos neoliberales pueden ganar elecciones, pero encuentran enormes dificultades para construir legitimidad social duradera cuando avanzan sobre derechos históricos, territorios comunitarios y estructuras populares profundamente arraigadas. En Bolivia, el tiempo político no se mide únicamente en los despachos oficiales: también se cuenta en los kilómetros de rutas bloqueadas y en la capacidad de resistencia de los movimientos sociales.