La exigencia de la CONABIP para rendir compras realizadas en la Feria del Libro desató malestar en todo el país. Las organizaciones denuncian que el Estado les transfiere tareas de control administrativo y tributario que no les corresponden.

La nueva disposición de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) encendió fuertes críticas entre las Bibliotecas Populares luego de que se exigiera, para la rendición de compras realizadas en la Feria Internacional del Libro, la presentación de facturas electrónicas con CAE o comprobantes fiscales válidos emitidos correctamente por las editoriales.

El problema no pasa únicamente por un requisito administrativo. Lo que denuncian desde distintos espacios bibliotecarios es que la medida desplaza sobre organizaciones comunitarias una responsabilidad que debería recaer sobre organismos estatales de fiscalización y control tributario. En otras palabras: si la editorial emitió mal una factura, la biblioteca podría terminar perjudicada en su rendición pese a no tener herramientas técnicas ni facultades legales para auditar comprobantes fiscales.

“Las Bibliotecas Populares no somos agentes fiscales”, comenzó a repetirse en comunicados y publicaciones impulsadas por colectivos culturales y organizaciones territoriales ligadas al sector. La frase sintetiza un malestar más profundo frente a un modelo de gestión que agrega burocracia sobre instituciones sostenidas, en muchos casos, por trabajo voluntario, militancia cultural y recursos mínimos.

La situación adquiere mayor gravedad en un contexto de ajuste sobre la cultura, caída del financiamiento público y crecientes dificultades económicas para sostener espacios comunitarios. Muchas Bibliotecas Populares cumplen funciones que exceden largamente el préstamo de libros: funcionan como centros culturales, espacios de alfabetización, apoyo escolar, talleres artísticos y ámbitos de contención social en barrios populares y pequeñas localidades del país.

Por eso, referentes del sector advierten que la decisión de la CONABIP no sólo complejiza las rendiciones administrativas sino que también expresa una lógica estatal que descarga responsabilidades sobre organizaciones sociales mientras reduce capacidades públicas de acompañamiento y control. En vez de simplificar mecanismos para garantizar el acceso a la lectura y fortalecer el entramado cultural comunitario, sostienen, se les exige a las bibliotecas asumir tareas para las cuales no fueron creadas ni cuentan con estructura profesional.

La polémica volvió a poner en discusión el rol histórico de las Bibliotecas Populares en la Argentina. Nacidas como espacios de democratización cultural y construcción colectiva del conocimiento, hoy denuncian que además de enfrentar el deterioro económico deben cargar con obligaciones administrativas cada vez más alejadas de su función social.