De los “paraguas” de 1810 al litio de 2026: dos siglos de disputa por el modelo de país

El 25 de mayo de 1810 se estrenó el primer capítulo de la disputa que todavía define la inflación, la deuda, el empleo y el diseño estructural de la Argentina en 2026. No se trata tanto de una lucha moral entre héroes y traidores a los ideales de la revolución como de un choque irreversible entre dos proyectos de país incompatibles. Una disputa que cambió de nombre en cada siglo —unitarios contra federales, la Generación del 80 contra el yrigoyenismo, el modelo aperturista contra la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)— pero que conservó su matriz económica y modelo de sociedad.

Los modelos antagónicos

Un modelo de desarrollo es fundamentalmente un productor de relaciones sociales. La disputa histórica argentina pendula entre dos matrices que conciben la economía, el trabajo y el territorio de maneras opuestas.

Por un lado, el proyecto centralista, agro-financiero y de apertura de mercados —que reconoce sus raíces en el Saavedra de 1810, en el Partido Unitario y en la desregulación de la última dictadura— propone una inserción mundial como proveedora de materias primas y recursos. Al requerir una baja densidad laboral, este modelo es estructuralmente expulsor de mano de obra y percibe al salario real alto como un costo que resta competitividad internacional; por lo tanto, tolera, o precisa de, la precarización y la desigualdad como variables de ajuste macroeconómico.

En la vereda de enfrente, el proyecto federal, industrial y popular —esbozado en el Plan de Operaciones de Moreno, defendido por los caudillos del interior y corporizado en los procesos de sustitución de importaciones del siglo XX— entiende al mercado interno como motor del desarrollo. Esta matriz, de corte inclusivo, necesita del empleo masivo en talleres y pymes, de paritarias fuertes que dinamicen el consumo y de una activa regulación estatal para garantizar la soberanía tecnológica y la redistribución progresiva de la riqueza.

La tragedia argentina no es la existencia de esta tensión, sino la incapacidad de clausurar la disputa, lo que el sociólogo Juan Carlos Portantiero definió como el "empate hegemónico": ningún proyecto tiene la fuerza estructural para eliminar definitivamente al otro. A grandes rasgos y con matices en distintos segmentos de la historia: el bloque industrial-popular retuvo el poder de la movilización social; el bloque agro-comercial y financiero conservó el poder económico.

El desempate a sangre y fuego

Podemos preguntarnos si los países del Norte global alcanzaron el éxito porque sus élites consensuaron cuatro o cinco políticas de Estado antes de comenzar a crecer. En la evidencia histórica está la respuesta: ninguna potencia zanjó sus contradicciones mediante el consenso, sino a través de la imposición violenta de un modelo productivo sobre el otro.

El espejo más nítido de la Argentina es la guerra de Secesión estadounidense (1861-1865). Estados Unidos albergaba dos modelos irreconciliables: el Sur agrario, esclavista y librecambista, cuyo negocio era vender algodón a Inglaterra e importar manufacturas baratas; y el Norte industrial, financiero y proteccionista, que exigía aranceles altos para obligar al Sur a comprar sus propios productos. La disputa no se resolvió con diálogo, sino con una guerra civil que costó 600.000 vidas. El Norte ganó, impuso el proteccionismo industrial a punta de bayoneta y transformó a su país en la superpotencia del siglo XX. Lo mismo ocurrió con la Alemania de Otto von Bismarck, unificada bajo la premisa de "sangre y hierro".

Mientras el mapa global consolidaba el nuevo orden, la Argentina ensayaba su propio camino. Sin embargo, cuando el proyecto agro-comercial y financiero dejó de ser competitivo en las urnas tras la ampliación democrática del siglo XX, utilizó a las Fuerzas Armadas para romper el empate. La secuencia de golpes de Estado entre 1930 y 1983 no respondió a internas militares aisladas, sino a intentos sistemáticos de disciplinar las variables sociales del modelo industrial.

El golpe de 1955 contra el peronismo no solo persiguió una doctrina; buscó congelar salarios, deprimir el consumo interno e ingresar al Fondo Monetario Internacional por primera vez en 1956 para subordinar las finanzas públicas.

El intento más feroz y efectivo ocurrió en 1976. El terrorismo de Estado implementado por la última dictadura cívico-militar fue el reverso necesario para implantar el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz. Para que el modelo financiero y primarizado triunfara, era obligatorio destruir la matriz social previa. Se persiguió y desapareció a delegados sindicales y trabajadores en los pasillos de las fábricas porque el objetivo real era destruir todo lo que fuera organización popular para poder desmantelar el aparato productivo: en cinco años se destruyó el 20% de la industria nacional.

El terrorismo de Estado no fue un exceso; fue el instrumento político para imponer la especulación de la "patria financiera", multiplicar por cinco la deuda externa y licuar los pasivos de las grandes empresas privadas a expensas del Estado en 1982.
A más de cuatro décadas de la recuperación democrática, el péndulo no se detuvo —la apertura de mercados de los 90, el peronismo de los 2000 y la desregulación financiera posterior—, lo que se puede leer en tres dimensiones donde las consecuencias sociales del empate se vuelven carne y territorio.

Las marcas sensibles del empate

Saavedra y las tierras raras

Hoy el debate no pasa por el cuero o el trigo, sino por el litio, el gas de Vaca Muerta y los minerales raros. Las urgencias macroeconómicas y la avidez de divisas del puerto financiero suelen empujar a la dirigencia a recaer en la lógica de exportar el recurso en bruto, de manera acelerada y sin exigir transferencia tecnológica, industrialización local o desarrollo de proveedores nacionales.

Esta matriz actualiza un drama social específico: la economía de enclave. La minería y la extracción energética generan burbujas de salarios altos para un porcentaje minúsculo y calificado, mientras provocan una inflación local que vuelve inaccesibles los alquileres y alimentos para los demás habitantes de esas regiones. El extractivismo sin valor agregado produce núcleos de riqueza rodeados de pobreza estructural y desvinculados del tejido industrial general del país.

El bimonetarismo como "paz armada"

La adopción del dólar como refugio de valor por parte de los argentinos no responde tanto a un fetiche cultural como a la memoria del bolsillo. El modelo agro-exportador y extractivo convive cómodamente con devaluaciones porque sus ingresos están dolarizados y sus costos internos (salarios) se licúan de inmediato. Por el contrario, el modelo industrial requiere estabilidad cambiaria y capacidad de compra en pesos para sostener las ventas internas.

Al no consolidarse ninguno, la devaluación opera como la herramienta más eficiente de transferencia de ingresos: cada giro del péndulo pulveriza el poder adquisitivo de la clase media y de los sectores populares, consolidando la inédita figura contemporánea del "trabajador formal pobre". Este fenómeno, propio de las últimas décadas, rompió el paradigma argentino de que el empleo formal garantizaba salir de la pobreza.

La marca territorial

La infraestructura nacional conserva el diseño macrocefálico de la Generación del 80: una red de ferrocarriles y rutas dispuestas en forma de abanico que confluye exclusivamente en el puerto de Buenos Aires, incomunicando a las provincias entre sí y forzando la migración histórica hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en busca del empleo que las industrias ofrecían.

Cuando el péndulo gira hacia la desindustrialización, esos cordones fabriles del conurbano se transforman de inmediato en postales de la exclusión y la precarización habitacional, mientras las zonas exclusivas de la capital concentran la renta de la especulación financiera. Las ruinas de los talleres ferroviarios en el interior del país y el hacinamiento urbano en las grandes urbes son consecuencia de las batallas ganadas por el modelo del puerto.

¿Vamos a volver?

La celebración de la Revolución de Mayo nos encuentra discutiendo, de vuelta, el mismo reglamento fundacional de 1810. Lo particular de la crisis argentina no es la intensidad de sus debates, sino la esterilidad de su empate. Mientras la oscilación del péndulo continúe destruyendo cada diez años las capacidades productivas, las instituciones y las capacidades acumuladas por el proyecto desarrollista, las riquezas excepcionales de la geografía argentina —desde la pampa húmeda del siglo XIX hasta el litio y la energía del siglo XXI— no serán palancas de desarrollo, sino los botines de una guerra económica civil y colonial que condena al pueblo a un eterno e inconcluso retorno.

La tragedia de nuestra revolución inconclusa no se mide en puntos del PBI, sino en oleadas de generaciones rotas, en familias empujadas a la informalidad, en salarios licuados en la especulación financiera del bimonetarismo y en un territorio fragmentado que expulsa a la gente hacia las periferias de las grandes ciudades.

La persistencia de los mismos dilemas estructurales nos plantea una interpelación inevitable. Ante un espejo global que demuestra que el desarrollo nunca fue el fruto de un consenso pasivo, sino de la decisión soberana de priorizar las fuerzas productivas internas, la conmemoración patria no debería ser un ejercicio de efeméride escolar, sino una urgencia del presente. El mapa de nuestras riquezas saqueadas y el tejido social dañado habilita una pregunta: ¿Cuándo será la hora de dejar de administrar el empate y terminar la revolución que empezamos hace dos siglos?