Intendentes, sindicatos, universidades y cámaras empresarias reclamaron medidas urgentes frente al derrumbe del entramado industrial, la pérdida de empleo y el avance de las importaciones.

Más de 25 mil pequeñas y medianas empresas cerraron en la Argentina desde la llegada de Javier Milei al gobierno y ya se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo registrados en el sector privado. La cifra, presentada durante un encuentro realizado en San Martín, encendió una nueva señal de alarma entre sectores industriales, sindicales y académicos que denunciaron el impacto del modelo económico sobre la producción nacional y reclamaron declarar la emergencia PyME en todo el país.

La actividad fue encabezada por el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis junto al intendente de San Martín Fernando Moreira y reunió a representantes del INTI, la Universidad Nacional de San Martín, cámaras empresarias, sindicatos y referentes del sistema científico-tecnológico. Durante la jornada se firmó un documento para impulsar un plan de acción nacional que incluya financiamiento específico para PyMEs, alivio impositivo, revisión del esquema de importaciones y políticas orientadas a sostener el mercado interno y el empleo argentino.

“Estamos en una de las ciudades industriales más importantes de la provincia junto a empresarios, trabajadores, sindicatos y universidades para frenar la destrucción del país y del tejido productivo”, afirmó Katopodis, quien además sostuvo que el Gobierno “solo trabaja para los ricos y destruye a la industria nacional”. El funcionario reclamó que se declare la emergencia PyME a nivel nacional y pidió frenar “la avalancha de productos importados” que golpea a la industria local.

Según el relevamiento elaborado por el Instituto Argentina Grande, desde diciembre de 2023 desaparecieron en promedio 930 empresas por mes. El informe sostiene que el actual proceso constituye el peor escenario de destrucción empresarial de las últimas tres décadas, incluso por encima de los niveles registrados durante la pandemia y durante la gestión de Mauricio Macri. En términos diarios, el dato equivale a 31 PyMEs cerradas por día y más de una empresa perdida por hora.

Los sectores más afectados son transporte y almacenamiento, comercio y reparación de vehículos, servicios inmobiliarios e industria manufacturera. A ese cuadro se suma el encarecimiento del crédito, la caída del consumo interno, el deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y la apertura de importaciones, factores que profundizan el retroceso de la actividad productiva y la crisis del entramado PyME.

La provincia de Buenos Aires aparece como el distrito más golpeado, con 5.374 empresas cerradas y más de 73 mil empleos privados destruidos. Detrás se ubican Córdoba y Santa Fe, dos provincias históricamente vinculadas al desarrollo industrial y manufacturero. Para los sectores que participaron del encuentro, el deterioro no responde a una crisis coyuntural sino a una orientación económica que favorece la especulación financiera y los sectores extractivos mientras debilita deliberadamente la producción nacional y el mercado interno.

Las organizaciones advirtieron que el cierre masivo de PyMEs no representa solamente la desaparición de empresas sino también una pérdida estructural de empleo, consumo y desarrollo local. En ese marco, señalaron que el avance de la concentración económica amenaza con profundizar las desigualdades sociales y debilitar la capacidad productiva del país en favor de un modelo cada vez más dependiente y excluyente.