Un informe del CEPA calcula que el régimen estrella del gobierno implica una renuncia fiscal anual de USD 1.069 millones en su escenario base. El estudio además sostiene que al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya estaban en marcha o habían sido anunciados antes de la sanción de la Ley Bases.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado por el gobierno de Javier Milei como la llave maestra para atraer capitales extranjeros y relanzar la economía argentina, ya muestra una dimensión fiscal de enorme magnitud. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que el costo tributario anual del esquema asciende a unos USD 1.069 millones una vez que los proyectos alcancen su etapa de producción plena, mientras que durante la actual fase de construcción el impacto sobre las cuentas públicas ya ronda entre USD 300 y USD 560 millones anuales.

El dato adquiere especial relevancia porque el gobierno nacional insiste en que el RIGI no afecta el equilibrio fiscal. La propia Jefatura de Gabinete sostuvo ante el Congreso que el Presupuesto no contempla ingresos derivados de estos proyectos porque, según la lógica oficial, las inversiones “no existirían” sin el régimen. El informe del CEPA cuestiona esa premisa y advierte que la discusión no puede reducirse a una hipótesis contrafáctica: el Estado resigna efectivamente recursos tributarios, aduaneros y cambiarios de enorme escala para beneficiar a grandes conglomerados empresariales, muchos de ellos vinculados al extractivismo energético y minero.

La magnitud de las cifras permite entender por qué el RIGI se convirtió en uno de los capítulos centrales de la Ley Bases. Hasta mayo de 2026 fueron aprobados doce proyectos por un monto comprometido de USD 26.680 millones, vinculados principalmente a hidrocarburos, litio, cobre, oro, infraestructura portuaria y energía. Las exportaciones proyectadas por ese conjunto de emprendimientos alcanzarían unos USD 28.141 millones anuales en régimen pleno.

Sin embargo, detrás de la promesa de “lluvia de inversiones” aparece otra dimensión menos difundida: la enorme transferencia de recursos públicos hacia empresas privadas mediante beneficios fiscales extraordinarios. El RIGI reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, elimina derechos de exportación para varios sectores, habilita exenciones arancelarias para importaciones de maquinaria y equipos, garantiza estabilidad tributaria por 30 años y flexibiliza el acceso a divisas.

El principal componente del costo fiscal surge precisamente de la rebaja en Ganancias. Según el CEPA, solo esa modificación representa una renuncia recaudatoria de USD 545 millones anuales en el escenario base, concentrada especialmente en proyectos de alta rentabilidad como el megaproyecto de licuefacción de gas natural licuado (GNL) impulsado por Southern Energy y el emprendimiento cuprífero Los Azules en San Juan.

El proyecto de Southern Energy aparece como el caso paradigmático del nuevo modelo económico. Con inversiones estimadas en USD 15.156 millones, es el emprendimiento más grande aprobado bajo el RIGI. El consorcio está integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y contempla la instalación de buques de licuefacción flotante frente a la costa rionegrina para exportar gas de Vaca Muerta al mercado internacional. Aunque el gas ya tenía retenciones cero antes del RIGI, el régimen le otorga beneficios impositivos extraordinarios que, según el informe, representan un costo fiscal anual cercano a USD 420 millones.

Otro de los ejes centrales del esquema es el litio. Los proyectos Hombre Muerto Oeste, de Galán Lithium, y Rincón de Litio, de Río Tinto, concentran gran parte de la renuncia por derechos de exportación debido a que el mineral mantiene una alícuota del 4,5% que el RIGI elimina para los emprendimientos adheridos. Solo Rincón de Litio implicaría USD 81 millones anuales en retenciones resignadas.

La estructura sectorial de los proyectos aprobados deja además una conclusión política relevante: el Estado sigue siendo decisivo incluso dentro de un régimen concebido para ampliar privilegios al gran capital privado. El informe subraya que YPF participa directa o indirectamente en iniciativas que representan el 68,5% de toda la inversión aprobada bajo el RIGI, equivalente a USD 18.267 millones.

El dato desmonta uno de los pilares discursivos del oficialismo libertario. Mientras el gobierno impulsa un ajuste feroz sobre jubilaciones, salarios estatales, universidades y políticas sociales bajo el argumento de la “ausencia de recursos”, el Estado aparece sosteniendo y viabilizando proyectos multimillonarios mediante subsidios fiscales indirectos, garantías cambiarias y estabilidad regulatoria por tres décadas. El mercado, lejos de operar solo, continúa apoyándose en la infraestructura estatal y en la capacidad pública de absorber riesgos.

Pero el aspecto más sensible del informe quizás sea otro: buena parte de las inversiones promocionadas por Milei no son nuevas. El CEPA sostiene que al menos siete de los doce proyectos aprobados ya habían sido anunciados, estudiados o se encontraban en etapas avanzadas de desarrollo antes de la creación del RIGI.

Entre esos casos aparecen el oleoducto VMOS, el proyecto Rincón de Litio, el parque solar El Quemado, el desarrollo cuprífero Los Azules y la iniciativa de GNL originalmente impulsada por YPF junto a la petrolera malaya Petronas. El informe recuerda que varias de estas inversiones ya contaban con estudios ambientales, desembolsos previos o anuncios públicos desde 2023 e incluso antes.

La conclusión política que extrae el CEPA es contundente: el RIGI no necesariamente está generando inversiones nuevas, sino ampliando beneficios extraordinarios para proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos.

Esa discusión adquiere todavía más relevancia con el avance del llamado “SuperRIGI”, una profundización del esquema anunciada recientemente por el gobierno nacional. La nueva propuesta contempla bajar aún más la alícuota de Ganancias, llevándola del 25% actual al 15% para los proyectos incluidos en el régimen. El CEPA advierte que esa modificación incrementaría todavía más el costo fiscal sobre el componente más sensible de toda la estructura promocional.

El debate de fondo excede la cuestión contable. Lo que aparece en discusión es el modelo de desarrollo que impulsa el gobierno de Milei: una economía crecientemente reprimarizada, orientada a la exportación de recursos naturales, con amplias ventajas para conglomerados transnacionales y con un Estado que reduce derechos sociales mientras multiplica incentivos para grandes grupos económicos.

En ese marco, el RIGI funciona como una síntesis del nuevo paradigma oficial. Ajuste fiscal para la sociedad, estabilidad y exenciones para el capital concentrado. Mientras se recortan medicamentos oncológicos, presupuestos universitarios y políticas alimentarias, el Estado resigna más de mil millones de dólares anuales para garantizar rentabilidad extraordinaria a proyectos extractivos de largo plazo.

La paradoja es evidente: el mismo gobierno que convirtió al déficit cero en dogma económico construye uno de los mayores esquemas de renuncia tributaria de las últimas décadas argentinas.