El último informe del CEPA revela una caída sostenida del empleo formal y el cierre de más de 24 mil empresas desde noviembre de 2023. Construcción, industria y transporte aparecen entre los sectores más golpeados por el ajuste.

El mercado laboral argentino continúa mostrando señales de deterioro profundo a más de dos años del inicio del gobierno de Javier Milei. Un informe elaborado por la Centro de Economía Política Argentina, basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, reveló que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 desaparecieron 24.437 empleadores y se destruyeron más de 357 mil puestos de trabajo registrados, incluyendo trabajadores de casas particulares. El estudio expone además que el ajuste impactó con especial dureza sobre pequeñas empresas, sectores intensivos en mano de obra y actividades vinculadas al mercado interno.

Según el relevamiento, la cantidad de empleadores pasó de 512.357 a 487.920 en apenas 27 meses, lo que equivale al cierre de unas 30 empresas por día. El fenómeno golpeó principalmente a actividades vinculadas al transporte, el comercio, la industria manufacturera y los servicios inmobiliarios, todos sectores fuertemente afectados por la recesión, la caída del consumo y el encarecimiento de costos derivados de la desregulación económica y tarifaria impulsada por el Ejecutivo nacional.

El rubro más castigado en términos absolutos fue el de transporte y almacenamiento, con una pérdida de 6.193 empleadores, seguido por comercio y reparación de vehículos, que perdió 5.794 firmas. También retrocedieron con fuerza los servicios inmobiliarios, la industria manufacturera y los servicios profesionales, científicos y técnicos. En términos relativos, la construcción aparece como uno de los sectores más devastados, con una caída del 9,6% en la cantidad de empleadores y del 16% en el empleo registrado.

El informe también confirma un fuerte retroceso del empleo formal. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 327.813 puestos registrados en unidades productivas, lo que representa una caída del 3,33% y un promedio de 400 empleos destruidos por día. La construcción encabezó nuevamente las pérdidas con 75.238 trabajadores menos, seguida por la administración pública, la industria manufacturera y los servicios profesionales.

El CEPA advierte además que detrás de esos números existe un proceso más amplio de precarización laboral y deterioro de las condiciones de vida. El estudio señala que la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral, el freno a la obra pública y la menor inversión en sectores tradicionales empujaron a miles de trabajadores hacia la informalidad o directamente fuera del mercado laboral.

Uno de los datos más sensibles del relevamiento es el retroceso del empleo en casas particulares. El sector perdió 29.231 puestos registrados desde la llegada de Milei, pasando de 629.660 trabajadoras a poco más de 600 mil. El informe remarca que este segmento funciona históricamente como un “termómetro social” porque refleja de manera inmediata el deterioro del ingreso de las familias y el crecimiento del trabajo no registrado.

Al sumar empleo privado registrado y trabajadoras de casas particulares, el resultado final es todavía más contundente: 357.044 puestos menos desde noviembre de 2023, equivalente a 434 empleos destruidos por día durante la gestión libertaria.

El análisis por tamaño de empresa muestra otra dimensión de la crisis. El 99,71% de los empleadores que desaparecieron correspondían a firmas de hasta 500 trabajadores, es decir, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la mayor destrucción de empleo se concentró en compañías de gran porte: las empresas con más de 500 trabajadores explicaron el 66,46% de los puestos perdidos, con más de 217 mil despidos registrados.

Los datos publicados por el CEPA vuelven a poner en discusión el relato oficial sobre una supuesta recuperación económica impulsada por el “ordenamiento macroeconómico”. Mientras el Gobierno celebra indicadores financieros y superávit fiscal, el tejido productivo continúa achicándose, el empleo formal retrocede y amplios sectores sociales quedan expuestos a condiciones crecientes de precariedad y exclusión.