APA presentó una denuncia penal contra Javier Milei, Luis Caputo y el extitular del BICE, Maximiliano Voss, por presunta defraudación en el proceso de venta de la empresa estatal.

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y Maximiliano Voss, quien se desempeñaba como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), por presuntas irregularidades en la valuación de Intercargo, la empresa estatal encargada del servicio de rampa en los aeropuertos argentinos. Según el gremio, la operación podría configurar delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.

La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 y apunta al proceso de cotización que fijó en 45 millones de dólares el precio base para avanzar con la venta de la empresa. Desde APA denuncian que esa cifra resulta “incomprensible”, dado que Intercargo habría registrado en su último balance un superávit superior a los 20 millones de dólares, mientras que el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos —a través de información oficial presentada ante el Congreso— reconoció que la firma posee 55 millones de dólares en activos corrientes.

El sindicato también cuestionó que la tasación haya quedado en manos del BICE y no del Tribunal de Tasaciones de la Nación o del Banco Nación, organismos especializados en valuaciones de empresas públicas. Para APA, esa decisión alimenta sospechas sobre un posible intento de vaciamiento del patrimonio estatal en beneficio de intereses privados.

La denuncia busca además frenar una operación que, según advierten desde el gremio, pone en riesgo la continuidad laboral de 1.500 familias aeronáuticas y compromete el futuro del sistema aerocomercial nacional. “Intercargo no se vende, se defiende”, señalaron desde la conducción sindical encabezada por Edgardo Llano, secretario general, y Mariano Airali, secretario de Prensa, Cultura y Difusión.

La ofensiva judicial contra el Gobierno suma un nuevo frente de conflicto en medio del avance privatizador impulsado por la Casa Rosada, que vuelve a poner bajo amenaza empresas estratégicas del Estado y miles de puestos de trabajo.